SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0239/2017-S2

El Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2017 de 27 de enero, cursante de fs. 117 a 123 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) El Juez de garantías constitucionales no puede ingresar a analizar prueba o actos procesales que pueden y deben ser reclamados en la vía ordinaria por el sujeto procesal que se sienta agraviado; lo único que le está permitido es analizar si han existido infracciones al debido proceso que hayan sido observadas y no reparadas oportunamente, una vez agotadas todas las instancias procesales y recursos que la ley franquea, para que se pueda habilitar el ámbito constitucional; b) Cuando se hace una denuncia conforme a lo previsto por el art. 289 del CPP, el Fiscal de Materia tiene la obligación de informar al juez de instrucción penal el inicio de las investigaciones; el hecho que si existe o no otra causa, debe ser promovido vía incidente, consecuentemente, no se halla infracción al debido proceso respecto a la Fiscal de Materia, Nelly Fanny Alfaro Vaquila; c) Concurren los mecanismos procesales para solicitar la no aplicación de acumulación de expediente por conexitud de causas, el propio accionante utilizó dicho recurso al haber interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 230, dictado por la Jueza codemandada; por lo que no existe infracción al debido proceso del Fiscal codemandado Iván Ortiz Tristán; d) Uno de los objetos de la presente acción de libertad, es el petitorio contemplado en el escrito de apelación de 24 de enero de 2017, donde solicita se deje sin efecto la citación de la indicada fecha, emitido por el Fiscal de Materia Pablo Guzmán López, en el nuevo caso con vulneración al non bis in ídem; e) Esa citación, implícitamente fue dejada sin efecto con el decreto fiscal de 24 de enero de 2017, dictado por Olvis Egüez Oliva, donde requiere que el médico forense de turno proceda a valorar el estado de salud del accionante, para establecer que si el tratamiento antineoplásico para un cáncer de próstata lo incapacita para prestar declaración informativa policial; independientemente de aquello, en tanto y en cuanto no se resuelva la apelación interpuesta por el accionante, tiene la obligación de presentarse al llamado de la autoridad competente donde hará valer sus derechos que la ley le otorga; f) En cuanto a la Jueza codemandada, pronunció el Auto Interlocutorio 230, declarando fundado el incidente de acumulación por conexitud, ordenando la acumulación del caso FIS ANTI 016325 con IANUS 201619156 al caso FIS ANTI 013336 a cargo de la Jueza de Instrucción Penal Décimo; y, g) Contra el Auto Interlocutorio 230, el accionante ya interpuso recurso de apelación, si la autoridad jurisdiccional no resolvió el escrito en el término previsto por el art. 132 del CPP, el accionante tiene el camino expedito para hacer los reclamos a la instancia correspondiente; en consecuencia, la parte accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad previsto en la “SCP 518/2016”, por lo que es pertinente denegar la acción planteada.