SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0256/2017-S2

Rafael Alcón Aliaga, Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, presente en audiencia pública informó que: a) Por Sentencia 10/2015 de 30 de marzo, que el entonces Tribunal Primero de Sentencia del mismo departamento, declaró a Juan Víctor Avendaño Chura, autor y culpable del delito de asesinato y le impusieron la pena privativa de libertad de treinta años de presidio, sin derecho a indulto, a cumplir en el Centro de Rehabilitación “San Pedro” de La Paz, por lo que no es evidente que el nombrado accionante, se halle indebidamente procesado;       b) Desde el 4 de marzo de 2016, a la fecha de presentación de la acción tutelar, transcurrió más de diez meses, lapso de tiempo en el que el accionante se encontraba internado en el Centro de Rehabilitación “Cayrpa”, empero el 30 de enero de 2017, la Directora del mencionado Centro, señaló que ya no era posible continuar con la atención del paciente, por cuanto la patología se hallaba fuera de servicio, debido al cambio de razón social de la Institución; razón por la cual, le pidió disponga su egreso del paciente; ante ese informe y habiendo transcurrido superabundantemente el tiempo de internación, conforme a los arts. 18 y 19 Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), dispuso la conducción del accionante al Centro de Rehabilitación “San Pedro” de La Paz, sin perjuicio que pueda solicitar ante la autoridad competente, las salidas médicas y traslado respectivos; y, c) Si bien existe una sentencia condenatoria dictada contra el accionante, la misma no se halla ejecutoriada, por cuanto existe una apelación restringida pendiente de resolución; por consiguiente, el procesado se halla aún bajo control jurisdiccional y es ante esa autoridad a quien debe solicitar su respectiva salida o traslado, al no lesionar derecho alguno, impetra se deniegue la tutela planteada.