SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2017

De acuerdo a la preceptiva constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico mencionado, se advierte que la jurisdicción IOC, se fundamenta en un vínculo particular de las personas como miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino; por lo que, en esa condición, ya sea que intervengan como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos; estarán sujetos a la jurisdicción IOC.

Bajo ese contexto, y conforme a los antecedentes remitidos a este Tribunal, se tiene que los hechos que dieron lugar al proceso penal de referencia, bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Segundo, se suscitó en la localidad de Quillacas, provincia Avaroa del departamento de Oruro, concretamente en el domicilio de propiedad de Eleuterio Mendoza Calizaya, donde las denunciadas ingresaron bruscamente y bajo amenazas e insultos agredieron a la víctima causándole lesiones en sus manos. Así también, quedó plenamente establecido que las denunciadas Faustina Jovita Mallcu Huaylla de Huarachi y Pamela Silvia Huarachi Mallcu, son esposa e hija respectivamente, de Vicente Huarachi Huarachi, quien funge como Jilir Mallku (Corregidor) del Gobierno Territorial de la Marka Quillacas; consecuentemente, ambas pertenecen a la Comunidad de Quillacas, formando parte del colectivo humano de dicha región, en la que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con los demás miembros de dicha comunidad.

Lo expuesto, evidencia la concurrencia del presupuesto de vigencia personal en el presente caso; y por consiguiente, de la observancia de la normativa constitucional contenida en los   arts. 191 de la CPE y 9 de la LDJ, para que pueda aplicarse la jurisdicción IOC al caso penal instaurado contra las denunciadas.