SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0356/2017-S1

El Juez Público Mixto, de Partido, y de Sentencia Penal Segundo de Concepción del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 2/2017 de 11 de enero, cursante de fs. 168 a 183, concedió en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos a la defensa, igualdad de las partes y al debido proceso “en su vertiente de principio de inocencia, seguridad jurídica e igualdad de las partes” (sic), disponiendo por ello la nulidad de las Resoluciones SD-AP 369/2016 y SD-AP 370/2016, para que se dicten nuevas tomando en cuenta los argumentos, agravios y elementos esgrimidos en los dos recursos de apelación interpuestos por el accionante, valorando sobre todo el supuesto y no demostrado abandono de funciones al existir la debida justificación que exige el art. 5 de la Ley 371; y denegó con referencia a la anulación de las Resoluciones Finales Disciplinarias 003/2015 y “370/2016” –siendo lo correcto 002/2015–, dictadas en primera instancia, siendo que ya fueron impugnadas; asimismo, se ordenó la inmediata restitución del accionante al cargo que ocupaba como Juez, así como el pago de salarios adeudados a la fecha más la cancelación de todos sus beneficios sociales y laborales; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) Se demostró en audiencia la falta de fundamentación, motivación y congruencia de las Resoluciones SD-AP 369/2016 y SD-AP 370/2016, esta última porque existiría una total falta de relación entre lo solicitado, lo considerado y resuelto, y porque es impresindible exponer los hechos y realizar una fundamentación legal para dar a conocer a las partes cuales fueron las razones para que se declare en tal o cual sentido; b) En el Auto de admisión e inicio de investigaciones la mencionada Jueza Disciplinaria de forma subjetiva y sin presumir la inocencia del disciplinado señaló que el accionante adecuó su conducta a la falta disciplinaria gravísima establecida en el art. 5 de la Ley 371; es decir, prejuzgó la conducta del denunciado; c) Al haber conocido la citada Jueza Disicplinaria la causa “101/2013”, donde emitió opinión jurídica relacionada al abandono de funciones, dejó de lado su imparcialidad como jueza; d) La causa “101/2013” fue anulada, siendo dividida en dos la causa 36/2015 y paralelamente la causa 37/2015, todas por la misma causal prevista en el art. 5 de la Ley 371, y cuyo origen es el mismo; por lo que, no se consideró el principio non bis in ídem, que no es otra cosa que la imposibilidad que tiene el Estado de sancionar dos veces a una persona por los mismos hechos; y, e) El Tribunal Disciplinario Segundo de la Oficina Departamental del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz de manera errónea y equivocada determinó que el accionante incurrió en la falta gravísima determinada en el art. 5 de la Ley 371; es decir, abandonó injustificadamente la sede de sus funciones, esto porque no tomó en cuenta que, nadie necesita permiso para ir preso más aun no se va preso por propia voluntad, sino como efecto de una acción o determinación judicial de una autoridad, que es ineludible evitar o eludir; toda vez que, fue detenido preventivamente y eso sería la causal justificada al ser una situación fuera de su voluntad, y no haber sido una falta disciplinaria dolosa; consiguientemente, de ser justificado el abandono del cargo desaparece la antijuricidad del hecho –falta disciplinaria–, ya que solo si fuera injustificada se constituiría en una conducta típica, antijurídica y culpable.