SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0427/2017-S2
Fecha: 02-May-2017
a)
El abogado del accionante reiteró en su integridad los términos expuestos en su memorial de acción de libertad, añadiendo que: a) Se adjunta fotocopias de las piezas principales del proceso como la acusación, sentencia, notificación con la sentencia, solicitud de explicación, complementación y enmienda, recurso de apelación e informe del Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, donde se evidencia la razón por la cual los antecedentes no fueron remitidos, cual es la falta de treinta y dos actas que no cursan en el expediente; y, b) El accionante ha sido ilegalmente condenado por no existir una descripción de los hechos atribuidos con los tipos penales acusados, aspectos que son objeto de impugnación; empero, no puede acudir ante el Tribunal de alzada porque los demandados no remitieron los antecedentes por más de dieciséis meses impidiendo desvirtuar la sentencia condenatoria; dilación que vulnera el derecho a la libertad considerando que se halla detenido siete años.
Malena Lenny Cazana Apaza, Jueza Técnica del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de El Alto, mediante informe escrito de fs., 127 a 128, informo que: a) Del cuaderno, se evidencia que no participo en el juicio oral, al haber sido posesionada el 23 de agosto de 2016, siendo el único encargado de conocer la causa el “Juez Apaza”; b) A mediados de diciembre de 2016, fue dada de baja médica por pre y post natalidad hasta el 14 de marzo de 2017; y, al haber renunciado al cargo como Juez “Apaza”, Betthy Sánchez La Fuente era la única Jueza en funciones; y, c) El 7 de febrero de 2017, por informe del Secretario Ramiro Coaquira se advirtió la falta de actas en el proceso, incluso no existía secretaria al momento de su posesión, porque la Secretaria Chui estaba con baja médica por internación; y, a objeto de evitar observaciones por el Tribunal de Alzada por la falta de actas, la Jueza Betthy Sánchez La Fuente solicito informe al Secretario evidenciándose la falta de actas en varios procesos, al extremo de anularse actuados por su inexistencia.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- refiriéndose a la acción de libertad traslativa, en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas
- Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad
- III.2. Trámite de la apelación restringida en materia penal
- el art. 409 del CPP, se establece que una vez interpuesto el recurso, deberá ponérselo en conocimiento de las otras partes para que dentro del término de diez días lo contesten fundamentadamente, aclarando que si se produjo una adhesión se emplazará a contestarla dentro de los cinco días. Vencidos los plazos con contestación o sin ella, se remitirán las actuaciones en el término de tres días ante el tribunal de alzada y se emplazará a las partes para que comparezcan en el plazo de diez días a contar desde la remisión
- ‘…una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal, implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal,
- III.3. De la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo judicial
- la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo
- el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable
- la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas,
- III.4. Análisis del caso concreto
- 2) CONCEDER la tutela