SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0517/2017-S2

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física’.

Por su parte y modulando en parte la jurisprudencia que antecede, la   SCP 0185/2012 de 18 de mayo, señalo que: ‘…en razón a que el Juez cautelar no tiene competencia al no haber conocido siquiera el inicio de investigación y bien podría tratarse de una indebida privación de libertad originada en una cuestión ajena a un delito, y porque, además, constituye un deber de las personas y servidores públicos, y en especial de las fuerzas del orden público así como de la autoridad fiscal, cumplir con la Constitución Política del Estado y respetar en consecuencia, el derecho a la libertad física de las personas, derecho que solo puede limitarse en los casos y formas establecidas por la ley y en virtud de una orden emanada por escrito de autoridad competente; consecuentemente, no puede considerarse, de ninguna manera, excepto en los casos en los que se haya dado aviso de una investigación, o si no se dio aviso, que exista vinculación con la presunta comisión de un delito que la pretensión de tutela al derecho a la libertad personal sea conocida y resuelta previamente por un Juez cautelar de turno, asignándole a la acción de libertad un carácter subsidiario que no corresponde a su naturaleza y que, en el caso descrito, carece de fundamento constitucional y legal’.

Por su parte, la SC 0003/2012 de 13 de marzo, señaló: ‘Con la misma lógica, y considerando los nuevos retos de un Tribunal Constitucional Plurinacional, es importante no activar innecesariamente esta jurisdicción, en la nueva coyuntura constitucional plurinacional, se ve la necesidad de fortalecer otros aspectos inherentes al nuevo modelo de Estado plasmado en la Norma Fundamental; por eso mismo, es imperioso que las controversias que podrían conllevar a suscitar una acción constitucional, previamente sean resueltas y respondidas en las instancias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea un vocal, un juez y el propio Ministerio Público, pero claro está, antes de activar una acción tutelar’.

De todo lo expuesto precedentemente, se observa que la parte accionante, pretende utilizar esta acción tutelar desnaturalizando totalmente su esencia, de ser un medio eficaz y directo de defensa de derechos y garantías, en el sentido de que se evidencia de que en el presente caso no se encuentra superado el segundo supuesto establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que: “Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada”   (SCP 0900/2012).

En el caso de autos y de acuerdo a los datos que cursan en el cuaderno procesal, se observa que el 28 de marzo de 2017, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares contra los ahora accionantes por la supuesta comisión de los delitos de sustracción de prendas aduaneras, impedir y estorbar el ejercicio de funciones y destrucción y deterioro de bienes del Estado, audiencia de la que emergió la determinación de la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de Potosí, que dispuso la detención preventiva de los accionantes, Auto contra el cual la defensa de los imputados no interpuso el correspondiente recurso de apelación en función al art. 251 del CPP; en tal sentido, en cumplimiento de la jurisprudencia constitucional la parte accionante debe tomar en cuenta que: “…la acción de libertad no puede constituirse en un medio adicional o supletorio que pueda ser activado cuando no se hizo uso oportuno de los mecanismos ordinarios de defensa instituidos por el ordenamiento jurídico, cuando aquellos fueron activados extemporáneamente o cuando se pretende obtener un pronunciamiento más rápido sin el previo agotamiento de las instancias respectivas en la jurisdicción ordinaria, pues conforme se ha sostenido, la presente vía, se caracteriza por ser un medio eficaz de defensa de los derechos y garantías de carácter subsidiario, que únicamente opera cuando no existe otro medio de protección judicial” (SCP 0900/2012); es decir, que en función a dicha jurisprudencia, los accionantes tenían abierta la posibilidad de activar el recurso de apelación, para que sea en este caso un tribunal superior, el que corrija todas las lesiones o vulneraciones en las que habrían incurrido los ahora demandados y de no ser así, recién se podía activar la vía constitucional, una vez agotados todos los medios de defensa de la justicia ordinaria, lo que no acontece en el presente caso y que impide que se pueda ingresar al fondo de la problemática presente.