SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0524/2017-S3

El Juez Público Civil y Comercial Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 141/2017 de 6 de abril, cursante de fs. 59 a 63, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: a) La Resolución FDLP/EJBS-R- 1313 “A”/2016 es favorable al ahora accionante, toda vez que confirma un rechazo -de querella en su contra-, por lo que no se advierte un daño inminente que amerite tutela inmediata; b) La alegada pérdida de una importante parte del cuaderno de investigaciones hace imposible contrastar lo establecido en la Resolución impugnada y la prueba perdida, ya que solo se cuenta con la afirmación del accionante; c) Para el caso de que se disponga se dicte nueva Resolución, de igual manera resultaría imposible para la autoridad demandada adecuar su Resolución a una prueba inexistente materialmente; d) El ahora accionante demostró lenidad y actitud pasiva al no realizar acciones tendientes a restablecer el acto considerado lesivo así como la reposición de dicha prueba, por lo que es un acto consentido que impide conceder la tutela solicitada; e) Lo propio ocurre con relación a la afectación de su derecho a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, porque el accionante no formuló reclamo alguno durante los más de seis años que refiere duró la fase investigativa; y, f) Al no haberse hecho o interpuesto acción alguna por la supuesta pérdida o extravío de tales documentos, se aplica la primera subregla establecida por la SCP 0240/2013-RCA de 1 de noviembre sobre la determinación de actos consentidos.

En la vía de complementación y enmienda, el Juez de garantías señaló que es responsabilidad del Ministerio Público preservar y cuidar todos los medios probatorios que las partes presenten en un caso determinado, y en caso de que dicha prueba sea extraviada, sustraída u ocultada maliciosamente, confiere a la parte que presentó dichas probanzas -la facultad de- accionar todos los mecanismos legales contra las autoridades para que estas a su vez presenten, hagan aparecer o respondan civil o penalmente sobre la prueba que tenían a su cargo.