SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0613/2017-S2
Fecha: 19-Jun-2017
en primer lugar
En ese sentido, analizada la Resolución Fiscal Departamental GPJ OR 693/16, se tiene que la misma, al momento de establecer el ámbito de pronunciamiento respecto a los puntos de decisión en los que fundamentó o basó su Resolución, simplemente se limitó a efectuar un análisis de la conducta del accionante, y su participación en el hecho denunciado, al señalar que, al momento de firmar el contrato con la empresa “PUENTES INFRAESTRUCTURA”, manifestó que el equipo es de su propiedad sin serlo y que después del pago inicial, dejó de cancelar la obligación contraída, entre otros aspectos mencionados; asimismo, cuestionó la actuación de los Fiscales de Materia, respecto a los argumentos esgrimidos en su resolución de rechazo, alegando que la misma no cumple con las exigencias legales de motivación y fundamentación; sin embargo de ello, la citada Resolución Jerárquica en primer lugar, no se pronunció respecto a los elementos probatorios que fueron aportados durante la investigación, los mismos que estuvieron descritos por el denunciante en su memorial de objeción al rechazo de la denuncia, que a su vez fue alegado como un acto lesivo por parte del accionante; en segundo lugar, tampoco se pronunció con relación a la incongruencia o contradicción advertida por el denunciante, en la que incurrieron los Fiscales de Materia, al señalar en su Resolución que la conducta del denunciado no se adecuaría al tipo penal; sin embargo, rechazaron la denuncia en base al art. 304 inc. 3) del Adjetivo Penal, relativo a la falta de elementos suficientes para fundar la acusación, refiriéndose a otros aspectos no cuestionados por el denunciante en su escrito de objeción; extremo que fue advertido por el accionante en su acción de amparo constitucional interpuesta y denunciado como acto lesivo; evidenciándose en consecuencia falta de congruencia externa en el fallo impugnado; toda vez que, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la congruencia externa exige la plena correspondencia o coincidencia que debe existir entre el planteamiento de las partes y lo resuelto, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes, respondiendo a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por éstas; en consecuencia, esta exigencia procesal no puede constituir un mero formalismo, no pudiendo ser omitido a momento del pronunciamiento del superior jerárquico fiscal.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- no motivó ni fundamentó su resolución de manera objetiva
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- a)
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma
- cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido
- el juez o tribunal, dentro de un procedimiento judicial, emitirán su fallo exponiendo con claridad los motivos en los cuales sustentan su decisión, con la finalidad de dejar certeza a las partes actoras del litigio que se obró conforme a la normativa legal vigente, tanto sustantiva como adjetiva, además, en franco respeto por los principios y valores que rigen el ordenamiento jurídico;
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución asumida
- Las resoluciones pronunciadas en el ámbito judicial o administrativo, deben estar debidamente fundamentadas, es decir que deben apreciarse y valorarse cada una de las pruebas aportadas, sean de cargo como de descargo, relacionándolas con los hechos y citando las disposiciones legales que sustentan la decisión
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución
- Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica
- toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas
- la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución
- El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes
- primero, relativo a la
- III.5. Análisis del caso concreto
- y relacionarlos necesariamente con los puntos de agravio formulados por el denunciante, en su memorial de objeción al rechazo de denuncia, para así determinar si la autoridad Fiscal jerárquica, consideró o no los mismos a tiempo de emitir su fallo correspondiente
- Primero:
- en primer lugar
- se advirtió la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia externa;
- se ha incurrido en la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de fundamentación y motivación alegada por el accionante
- REVOCAR