SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0645/2017-S2
Fecha: 19-Jun-2017
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
El Sindicato de Trabajadores Fabriles FRIGODECCA, el 26 de mayo de 2015 presentó pliego petitorio a la Jefatura departamental del Trabajo de Santa Cruz dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, correspondiente a la gestión 2015, que contenía siete puntos luego de varias audiencias, no pudo lograrse acuerdo en todos los puntos, llegando a conciliarse los puntos 5 y 7. Posteriormente se conformó un Tribunal Arbitral, que convocó a un advenimiento, no arribando a ningún acuerdo, por lo que, mediante proveído de 21 de abril de 2016, se abrió un plazo probatorio de siete días, feneciendo el mismo el 12 de mayo del citado año.
El 13 de marzo de 2017 se dictó un proveído, siendo modificado el 20 de igual mes y año, mencionando que desde esa fecha se computaba el plazo de quince días para emitir el Laudo Arbitral, que fue emitido el 18 de abril del citado año. Dicha Resolución es totalmente ilegal, al haberse pronunciado de forma ultra petita, sobre puntos que no se encontraban dentro del pliego petitorio, establece de forma ilegal y arbitraria, incrementos salariales que no son de su competencia, pagos retroactivos -sin considerar que no fueron solicitados-; así mismo, resolvió puntos anteriormente conciliados y homologados mediante Resoluciones 19/14 de 8 de octubre de 2014 y 8/15 de 26 de mayo de 2015; y, finalmente la Resolución fue emitida fuera de plazo, que establece el art. 112 de la Ley General del Trabajo (LGT).
- acción de amparo constitucional
- I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- I.1.3. Petitorio
- I.2.3. Intervención del tercer interesado
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II
- III.1. En cuanto a la legitimación activa de las personas jurídicas a objeto de interponer una acción de amparo constitucional
- «…con relación a las personas jurídicas que realizan actos y operaciones de comercio, que el art. 29 incs. 5) y 9) del Ccom, concordante con el art. 165 del mismo cuerpo legal, establece la obligación de inscribir en el Registro de Comercio la designación y cesación de administradores y representantes, con dictación expresa de las facultades otorgadas en la escritura de constitución o en el poder conferido ante Notario de Fe Pública; en este sentido, por disposición del art. 31 del Ccom, se reconoce que: '(…) los actos y documentos sujetos a inscripción no surten efectos contra terceros sino a partir de la fecha de su inscripción (…)'. Consecuentemente, todo poder notariado conferido por personas jurídicas de carácter comercial para tener valor y efectos legales necesariamente debe estar inscrito en el Registro de Comercio y su inscripción debe acreditarse mediante documentación original, instrumento debidamente legalizado y/o certificación emitida por los agentes autorizados del Registro de Comercio conforme disponen los arts. 1297, 1309 y 1310 del CC»’”
- Fragmento 12
- La trascendencia del debido proceso se encuentra en íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: «La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes».
- Este entendimiento consiste básicamente en el papel que debe desempeñar el juez o del tribunal colegiado que tiene por especial misión el administrar la jurisdicción constitucional, dentro de su tarea de velar por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, por lo que tendrá casos especiales en los que se tendrán que evaluar el cumplimiento del debido proceso formal y material, en los que posiblemente, los hechos denunciados se acomoden dentro de las leyes y estatutos que normen este tipo de situaciones, es decir, que las autoridades demandadas hayan cumplido con la normativa aplicable al caso, entonces nos encontramos con un debido proceso formal, sin embargo, si del análisis se establece que dicha normativa es de por si restrictiva de los derechos de defensa, o vulnere la seguridad jurídica de la administración de justicia y de los propios accionantes, entonces el juzgador deberá conceder la tutela precautelando sobre todo el orden justo y el debido proceso material»’”
- la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto
- III.4. En cuanto a la seguridad jurídica
- III.5. Análisis en el caso concreto
- i)
- 1)
- Fragmento 20
- REVOCAR