Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0669/2017-S2

Fecha: 03-Jul-2017

a)

Solicita se conceda tutela y se disponga que: a) El Gobernador demandado, en cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.T 67/17 emitida por la Dirección Departamental del Trabajo de Tarija, le restituya a su fuente laboral en el mismo puesto de trabajo y con el salario y demás derechos laborales que corresponden, dentro del plazo fijado de veinticuatro horas; y, b) Asimismo le cancele por daños y perjuicios la suma de Bs11 133,00.- (once mil ciento treinta y tres bolivianos 00/100) correspondientes a los cuatro meses de enero febrero marzo y abril que se encuentra sin percibir su sueldo mensual que era de Bs2474.- (dos mil cuatrocientos setenta y cuatro bolivianos 00/100).

I.1.1. Hechos que motivan la acción
a)
1)
i)
denegó
II.1
II.2.
II.3.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
La Constitución Política del Estado, dentro del catálogo de los derechos fundamentales de la persona, reconoce expresamente los derechos de las personas con discapacidad, señalando en su art. 70.1, entre otros: «A ser protegido por su familia y por el Estado»; lo que hace patente la voluntad del Constituyente de velar por este sector de la población, que demanda especial protección debido a su situación de profunda desventaja frente al común de la población, debido a sus propias limitaciones derivadas de las deficiencias de sus funciones físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales de las que padecen, lo que en muchos casos les imposibilita en igualdad de condiciones, acceder por sí mismas a un medio de sustento que les permita vivir dignamente, siendo en muchas circunstancias objeto de discriminación y exclusión social, aspectos que obligan al Estado en todos sus niveles a adoptar medidas que en la búsqueda del «vivir bien» reivindiquen los derechos de estas personas y les permitan su plena inclusión a la sociedad y el Estado
El DS 27477, a tiempo de determinar los principios rectores que deberán regir en la aplicación de dicha norma legal; en su art. 3, dispone la estabilidad laboral, al señalar que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo las causas legalmente establecidas, previo proceso;
‘De las normas desarrolladas precedentemente, se establece que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad, ya sea que éstos presten servicios en los sectores público o privado, implica la inamovilidad laboral y excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso’.
en el marco de la Ley de la Persona con Discapacidad y del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, moduló la línea jurisprudencial respecto de la no incidencia en la subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas, al señalar que el Tribunal Constitucional: ‘…abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’»'”
III.2. Análisis del caso concreto
REVOCAR en parte