SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0718/2017-S1

El accionante a través de su abogado; así como de manera personal en uso de la defensa material, en audiencia pública se ratificó en el contenido de su memorial de demanda y además señaló que: 1) La SCP 225/2016-S1 de 18 de febrero, estableció que no es necesario una apelación previa para reclamar una aprehensión ilegal ante la jurisdicción constitucional, como sucedió en el presente caso, con lo que se desvirtúa el principio de subsidiariedad; 2) El Juez declaró legal la citación porque cumplió su finalidad; puesto que, el impetrante de tutela estuvo presente en audiencia cautelar, todo esto en total vulneración del art. 166.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo nula la diligencia al no consignar fecha y hora; y, 3) El Ministerio Publico actuó sin el control jurisdiccional correspondiente, pretendiendo suplir la ampliación de la investigación con la comunicación de la querella.

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela “jurídica” y a la presunción de inocencia; por cuanto las autoridades Fiscales emitieron orden y resolución de aprehensión en merito a citaciones diligenciadas con vicios de nulidad, como ser: 1) La primera citación (personal y por cedula) no consigna fecha ni hora, misma que dio origen a la orden de aprehensión de acuerdo al art. 224 del CPP; y, 2) La segunda citación para que preste su declaración ampliatoria por el delito de avasallamiento y tráfico de tierras, en grado de instigador, fue diligenciada un día inhábil (sábado), realizándose la declaración el mismo día, siendo aprehendido a su conclusión conforme al        art. 226 de CPP; por otra parte, el Juez a quien solicitó control jurisdiccional, consideró: i) Legales las aprehensiones realizadas por el Ministerio Público sin pronunciarse sobre la citación diligenciada en día inhábil; y, ii) Consideró el informe de la querella como ampliación de la investigación.

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial asimismo, en base al esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional de los órganos e instituciones del poder público. El órgano judicial a través de su jurisdicción, como también en la función judicial ejercida por sus autoridades en naciones y pueblos indígena originario campesinos, donde los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, contribuirán para el vivir bien, como señala el art. 8.II de la CPE.

Resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, superar la estructura de una visión colonial, lo previsto en el art. 8.I de la CPE, sobre la justicia para ello estableció los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón). Estos últimos mandatos restrictivos resultan ser imperativos para cada persona y en cada hogar de las bolivianas y los bolivianos. Es también la esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos. El Estado ha encontrado como un elemento transformador dichos principios en la sociedad. Una inequívoca señal de esa voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE, que instituye el principio político-jurídico de irretroactividad de la ley de manera excepcional en materia de corrupción, esto con el fin de investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado.

Se ha dicho que la jurisprudencia constitucional, conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma, emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria, y entre otros, la verdad material y el debido proceso.

En la administración de una justicia inclusiva, no se puede soslayar el hecho el sustento de las decisiones que se basan en el análisis e interpretación, donde no solo se limita a la aplicación de formalidades y rituales establecidos en la norma, sino, en hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible para la población, con miras de alcanzar el vivir bien y de esa manera rebatir los males como la corrupción que afecta a la sociedad.