SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0720/2017-S2
Fecha: 31-Jul-2017
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 10 de mayo de 2017, José Romero Saavedra, dentro del proceso penal iniciado en su contra, personalmente y de forma voluntaria se apersonó ante las oficinas de Defensa Pública con el objeto de renunciar ha ser patrocinado en su defensa, el 11 de mayo de 2017 se suspendió la audiencia porque el demandado se encontraba sin defensa técnica, motivo por el cual se solicitó la revocatoria de las medidas sustitutivas que le habían sido impuestas; sin embargo, en audiencia de revocatoria de medidas cautelares, existiendo no solo la renuncia firmada, sino también el acta de suspensión de audiencia de 11 de mayo de 2017, el Juez A quo, rechazó su petición, bajo el argumento de que en la audiencia de prosecución del juicio oral ya se encontraba el acusado con defensa técnica, sin tomar en cuenta que no se trataba de la audiencia de prosecución de juicio oral, sino de la audiencia para considerar la solicitud de revocatoria, motivo por el cual se planteó recurso de apelación en sujeción a lo determinado por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal, misma que fue remitida ante los vocales demandados, ante quienes en audiencia de apelación se realizó la correspondiente fundamentación en base a los antecedentes mencionados; empero, dicha autoridades declararon improcedente el recurso de apelación, arguyendo que no existen pruebas para revocar la medidas sustitutivas impuestas contra José Romero Saavedra.
Alega y concluye señalando que las autoridades demandadas, no leyeron las actuaciones cursantes en el cuadernillo de apelación, por lo que no cumplieron con las atribuciones conferidas en el art. 398 del CPP; es decir, no realizaron “…una observación a lo ya valorado…” (sic), por lo que dicha falta de valoración vulneró su derecho al debido proceso, a la defensa, y se inobservo las SSCC 014/2010-R y 1303/2010-R, en consecuencia no fundamentaron el Auto de Vista de 23 de mayo de 2017, conforme exige el art. 73 del CPP, ya que únicamente hicieron una relación de hechos y aludieron la falta de prueba, pese a que dentro del citado recurso de apelación se encontraba la renuncia escrita del acusado.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- )
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- : 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- Fragmento 10
- derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomodan a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- el debido proceso en su triple dimensión, principio-derecho-garantía, es inherente a la sustanciación de cualquier proceso de carácter judicial o administrativo, debiendo concurrir y ser parte esencial de la tramitación
- La fundamentación del fallo
- a)
- lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su fallo; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que abunde en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso
- la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, no se traducen en una exigencia de extensión o simplemente de forma, sino que esencialmente se refiere a aspectos de fondo referidos a que el juez, de una forma imparcial, debe expresar en su resolución los hechos, pruebas y normas en función de las cuales adopta su posición; además, de explicar las razones -el porqué- valora los hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de aplicación de las normas
- la facultad de valoración de la prueba aportada en cualesquier proceso corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de aquellos, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes
- los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales,
- En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:
- Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas;
- es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria;
- 1)
- Fragmento 23
- REVOCAR en todo