SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0780/2017-S1
Fecha: 27-Jul-2017
denegó
El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 12/2017 de 4 de abril, cursante de fs. 153 a 155 vta., denegó la tutela solicitada, en mérito a los siguientes fundamentos: a) Las pruebas presentadas en esta acción de libertad están destinadas para interponer una cesación de detención preventiva; b) Ante la vulneración de los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica, no corresponden plantear mediante esta acción de defensa; toda vez que, la “Sentencia Constitucional 1607/2011” refiere que podrá ser planteado a través de la acción de libertad cuando este directamente vinculado con el derecho a la libertad física y personal además de estar en estado de indefensión absoluto; hechos que en el presente caso no acontecen; puesto que, los accionantes conocieron de todos los actuados del proceso penal asumiendo defensa al interponer recursos de apelación y de casación, pues bien pudieron presentar acción de amparo constitucional a efectos de que se analice las supuestas infracciones al debido proceso una vez agotados los recursos ordinarios de impugnación; c) Asimismo de antecedentes se evidencia que los impetrantes de después del correspondiente sorteo, fueron remitidos al Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz, llevándose la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares a horas 16:45 del 23 del mismo mes y año, y mediante Auto Interlocutorio 536/2016 se dispuso la detención preventiva, siendo las partes notificadas en audiencia y en secretaría de manera personal de acuerdo al art. 160 del CPP; d) El art. 251 del citado Código, establece que las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares serán apelables en el efecto “no suspensivo” (Sic.) en el término de setenta y dos horas, siendo que este recurso también puede ser planteado en audiencia de manera oral para posteriormente ser fundamentado en el Tribunal de alzada; también debe considerarse el art. 130 de la misma norma adjetiva que establece que los plazos son improrrogables y perentorios salvo disposición contraria del mismo Código y los plazos por horas comenzaran a correr después de ocurrido el acontecimiento; pero en el presente caso la apelación incidental se interpuso fuera de ese plazo; y, e) La acción de libertad se puede interponer subsidiariamente cuando se agotaron todas las vías ordinarias; por otra parte los accionantes no especificaron de qué forma se vulneraron sus derechos, tampoco individualizaron cuál es el acto que les causa la persecución ilegal y que pone en peligro sus vidas o que consideran como indebido procesamiento.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- Fragmento 13
- III.2. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
- II.3. La imposibilidad de ingresar a la valoración de la prueba e interpretación de la legalidad ordinaria a través de la acción de libertad
- '…cuando el amparo es planteado contra resoluciones judiciales, a la jurisdicción constitucional sólo le corresponde analizar si ellas constituyen o contienen actos ilegales u omisiones indebidas que amenacen, restrinjan o supriman derechos y garantías fundamentales, pues está impedida de ingresar al fondo de lo que resuelven, ya que esta compulsa concierne únicamente a la jurisdicción ordinaria. En este entendido, los fundamentos que se hubiesen expuesto en la demanda del recurso respecto a que la parte contraria del recurrente en el juicio ordinario tenga o no la razón, no pueden ser objeto de análisis alguno en una Sentencia Constitucional'.
- no es un recurso ordinario que forma parte de los procesos judiciales o administrativos previstos por la legislación ordinaria; por lo mismo, el amparo constitucional no puede ser utilizado por las partes que intervienen en un proceso judicial como una vía para exigir que la jurisdicción constitucional revise si la decisión adoptada por la autoridad judicial tiene signos de incoherencia en su estructura de los fundamentos jurídicos, si la interpretación de las normas aplicables al caso concreto es correcta o si la prueba fue debidamente valorada o no; pues cabe aclarar que la jurisdicción constitucional, sólo revisará una decisión judicial cuando existan evidencias materiales de que se vulneraron los derechos fundamentales o garantías constitucionales'.
- …los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados'
- 3) La no interpretación de la legalidad ordinaria, auto restricción que impide al Tribunal Constitucional analizar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por los jueces y tribunales ordinarios, y que fue establecida por la SC 1846/2004-R de 23 de noviembre, en la que además se señaló el deber de los administradores de justicia de no quebrantar los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, que a la letra dice: 'Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales'.
- En ese entendido, el accionante no debe limitarse a hacer un relato de los hechos, sino que debe explicar no sólo por qué considera que la interpretación no es razonable, sino también cómo esa labor interpretativa vulneró sus derechos y garantías. Este entendimiento ha sido adoptado por la SC 0083/2010-R de 4 de mayo, al señalar que: '…la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a la jurisdicción común y que si bien a la jurisdicción constitucional le corresponde verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; no es menos cierto que el demandante o accionante debe invocar y fundamentar cuáles fueron las infracciones a las reglas de la interpretación admitidas por el derecho; situación que tampoco acontece en el presente caso, pues no ha expresado con precisión las razones que sustentan su posición, ni identificó con claridad qué criterios o principios interpretativos no fueron empleados o fueron desconocidos por las autoridades judiciales demandadas'.
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR