SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0821/2017-S1

Ahora bien la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la responsabilidad jurisdiccional que tienen los jueces frente a su personal subalterno y en consecuencia a su legitimación en cuanto a los hechos vulneratorios en sede judicial sostiene lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional donde claramente se precisa que los jueces ejercen evidentemente facultades jurisdiccionales las mismas que generan efectos respecto a la situación jurídica de las partes; empero, los secretarios, actuarios, oficiales de diligencias y auxiliares, no tienen estas facultades; sin embargo, tienen la obligación de cumplir con las disposiciones e instrucciones emanadas por la autoridad jurisdiccional, entendiéndose de esta forma que carecen de legitimación pasiva para ser demandados, al no ser los que asumen determinaciones de carácter jurisdiccional; empero, de igual forma la jurisprudencia desarrollada y señalada supra establece bajo qué criterios si podría activarse la responsabilidad frente a estos servidores públicos, y ahí se tiene que “…pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales...”, (SCP 0741/2016-S1) aspecto que son extensibles a las omisiones en que incurran y que lesiones derechos fundamentales.

En este sentido, pese a que se libró el mandamiento de detención domiciliaria, dispuesto por la autoridad jurisdiccional y en mérito a que el mismo no descargó su responsabilidad ni presentó informe que justifique la omisión en que incurrió, se concluye que obró de forma negligente al no constituirse en el señalado Recinto Penitenciario para poder efectivizar lo dispuesto, por lo que el servidor público demandado incumplió y en consecuencia actuó contrariado una orden directa de su exclusiva responsabilidad, aspecto que constituye una franca vulneración al derecho a la libertad del imputado.