SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0846/2017-S1
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0846/2017-S1

Fecha: 27-Jul-2017

denegó

La Jueza Pública Civil y Comercial Décima Segunda del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2017 de 14 de junio, cursante de fs. 125 a 132, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Su autoridad en calidad de Jueza de garantías, no puede exteriorizar criterio alguno con relación a si el Auto Supremo 299/2017-RRC de 20 de abril, habría sido emitido posterior al 4 de mayo, ya que ello constituiría que su autoridad estaría dando por convalidado que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia habría emitido una resolución fuera de plazo; 2) Como Jueza de garantías, tiene la función de restablecer derechos fundamentales y garantías constitucionales, que hubieran sido, suprimidos, restringidos o amenazados, por lo que no puede ingresar a determinar si el Auto Supremo fue emitido fuera de plazo, ya que sería ingresar en un rol fuera de la jurisdicción constitucional; además de existir denuncia formal ante la presidenta de la Cámara de Diputados por presuntamente haberse cometido delitos de orden público, por las magistradas demandadas, lo que imposibilita a que ingrese a verificar el fondo de la problemática planteada; 3) La accionante contra el Auto Supremo 299/2017-RRC, planteó la complementación y enmienda que se encuentra pendiente de pronunciamiento, lo que se configura en el principio de subsidiariedad, por otro lado, aquellas lesiones no acusadas en la vía ordinaria, no pueden ser analizadas a través de la acción de amparo constitucional, dado que son los jueces o tribunales los llamados a reparar los derechos y garantías supuestamente vulnerados y sólo excepcionalmente y en defecto de aquellos, la jurisdicción constitucional podrá hacerlo; y, 4) La fecha de emisión del Auto Supremo cuestionado debe ventilarse ante la instancia correspondiente, máxime si existe denuncia por delitos de orden público ante la Cámara de Diputados.