AUTO CONSTITUCIONAL 0315/2017-RCA

Solicita se conceda la tutela, y se disponga: a) La nulidad del Oficio                AN-GRZGR-SET-CA 133/2016 de 25 de enero; b) Ordenar al Director Departamental de Transito de Santa Cruz proceda a dejar sin efecto las anotaciones preventivas que pesan sobre los vehículos motorizados; y, c) Se determine el pago de costas, multas, daños y perjuicios y demás consecuencias emergentes.

De lo descrito, se establece que el Juez de garantías, incurrió en un error de apreciación respecto al cumplimiento del principio de subsidiariedad, por lo siguiente: a) La autoridad demandada, sin poner a su conocimiento del proceso administrativo, en virtud al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET 567/2015, mediante Oficio AN-GRZGR-SET-CA 133/2016 ordenó al Director Departamental de Transito de Santa Cruz la anotación preventiva de los vehículos motorizados de su propiedad y no así de Inspectorate Griffith como persona jurídica; dicha determinación se ejecutó sin que se haya fundamentado ni motivado la razón de dicho acto; tampoco se notificó con la decisión de imponer anotación preventiva a los automóviles; constituyéndose dichos actos en una conducta que al extremo generó un perjuicio, daño irremediable e irreparable a toda su familia; por lo que, corresponde aplicar la excepción a la subsidiariedad establecida en la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico II.2 del presente Auto Constitucional, debido a que esas acciones afectan principalmente a la esencia del Estado Constitucional de derecho; y, ii) En el caso concreto para que proceda la admisión de la acción de defensa, es de suma importancia que el acto ilegal denunciado sea conocido por la jurisdicción constitucional flexibilizando el principio de subsidiariedad; toda vez que, el daño es irreparable porque no podría ser restituido ni reparado por ningún medio, al estar en ejecución de la Resolución sancionatoria, contra sus vehículos de su propiedad y no así de Inspectorate Griffith como persona jurídica; caso contrario, estaría denegándose al accionante el acceso a la justicia; por lo que, la Resolución del Juez de garantías, carece de sustento.