SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0998/2017-S2

El principio de legalidad, es cimiento de la seguridad jurídica, por ello su importancia; asimismo, su asidero constitucional en la Constitución Política del Estado actual, se encuentra en el art. 410, refrendando la supremacía constitucional como la cúspide del ordenamiento jurídico boliviano y la jerarquía normativa correspondiente, a la cual todos los órganos o poderes del Estado deben someterse. En tal sentido, el principio de legalidad, es la aplicación objetiva de la ley, propiamente dicha, a los casos en que deba aplicarse; evitando así una libre interpretación o aplicación caprichosa de la norma’” (las negrillas nos corresponden).

En ese entendido, y al interior de la sustanciación de todo proceso, asiste a todo justiciable el derecho a que las autoridades jurisdiccionales y administrativas, basen su decisión en estricta observancia y sujeción a las normas procesales y legales; lo cual, viene a constituirse en el principio de aplicación objetiva de la ley, como componente del debido proceso, en su vertiente de seguridad jurídica que garantiza que las personas sometidas a  procesamiento, cuenten con el beneficio de un proceso imparcial en el que sus derechos y garantías constitucionales, se acomoden a lo previsto en las disposiciones legales aplicables a todos los casos similares, dado que, la infracción a las disposiciones normativas, generan lesión a derechos y garantías constitucionales.

Por ello, bajo la comprensión de que el derecho fundamental al debido proceso, garantiza que todas las actuaciones judiciales y administrativas, se realicen con respeto de los derechos fundamentales que contiene en su núcleo duro, queda establecido que la protección del debido proceso se extiende también a todas las actuaciones, procedimientos y procesos administrativos que lleven consigo consecuencias para los administrados; en tal sentido, el principio de legalidad o de aplicación objetiva de la ley, que se desprende del debido proceso, demanda la aplicación de las normas preexistentes y establecidas por el órgano competente, lo cual se traduce en un límite a las actuaciones de la administración, evitando arbitrariedades por parte de las autoridades y protegiendo los derechos de los administrados, en tal consecuencia, debe ejercer sus competencias y funciones dentro del marco del principio de legalidad, a efectos que los derechos e intereses de los ciudadanos cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias, hechas al margen de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios.