SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0684/2018-S1

Jeannett Norah Chamo Urquieta, Jueza de Instrucción Penal Séptima de Cochabamba, por informe escrito cursante a fs. 13 y vta., refirió los siguientes aspectos: 1) Se encuentra a su cargo en etapa preparatoria el control jurisdiccional del proceso penal instaurado en contra del ahora accionante por la presunta comisión del delito de robo agravado, en mérito a la imputación formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares realizado por el Ministerio Público, fue detenido preventivamente mediante Resolución de 23 de marzo de 2018; 2) El art. 86 del CPP, refiere sobre la enajenación mental y conforme a los elementos que señaló el hoy accionante éste tuviera problemas por adicción a sustancias controladas o fuera drogodependiente conforme a los antecedentes procesales cursantes en el expediente; 3) A la solicitud de orden de tratamiento médico psiquiátrico por ese problema de salud, así como a la orden de salida fue atendida favorablemente para su tratamiento en el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios, sin que hubiere acreditado idóneamente en el proceso que padecería alguna enfermedad mental; toda vez que, en audiencia pública de 23 de marzo de 2018, no advirtió ningún padecimiento de enfermedad mental del accionante que amerite la aplicación del art. 86 del CPP, de oficio, menos fue argumentado por la defensa en ese actuado judicial, dados tales antecedentes procesales su vida no estuviere en peligro; 4) En función del art. 279 del CPP, se desestimó la solicitud de reconocimiento psiquiátrico formulada por el hoy accionante en relación al art. 86 del CPP, por no tener elemento idóneo y objetivo; sin embargo, el nombrado debió acudir previamente ante los fiscales del caso y obtener requerimiento fiscal para la realización de tal reconocimiento psiquiátrico; y, 5) Encontrándose con detención preventiva dispuesta judicialmente, respecto a su libertad física corresponde adecuar sus actos a las normas procesales penales previstas en el Libro Quinto Título I del Código de Procedimiento Penal, y no activar directamente la vía constitucional.