Sentencia Constitucional Plurinacional 0781/2018-S1 de 28 de noviembre

Esta misma Sentencia resolviendo el caso concreto señaló: “…si bien el impetrante de tutela prestó sus servicios al Gobierno Autónomo Departamental del Beni, desde el 2012, la última relación laboral de este con dicha entidad departamental, fue de manera eventual tras la entrega del Memorando 12/D.P-D/GOB/2017, que establecía un plazo para la iniciación y la culminación de la prestación de servicios, constituyéndose en un contrato a plazo fijo, que fue el primero en celebrarse, por lo que tampoco correspondía asumir la tácita reconducción de este. Por otra parte, el accionante acreditó mediante certificación de registro único nacional de personas con discapacidad, una discapacidad física moderada del 41%; sin embargo, al ser su relación laboral de carácter eventual, y al haber fenecido la duración de la misma, no es posible otorgarle la protección reforzada que se brinda a los grupos vulnerables entre estos las personas con discapacidad, tal como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que la acción de amparo constitucional, tutela el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas con capacidades diferentes; empero no es posible su protección, cuando éstas se encuentran sujetas a contratos a plazo fijo, motivo por el que no corresponde concederse la tutela” (las negrillas son nuestras).