SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0773/2018-S3

Con la documentación que adjuntan, acreditan ser propietarios y poseedores de una parcela de 3 645 m², misma que se encuentra sobre la “cota 2750”, dentro el Parque Nacional Tunari del departamento de Cochabamba, área protegida; y, ante la existencia de un documento anómalo de transferencia suscrito entre sus personas con  Juan Kama Mostajo y Martha Alvarado Quinteros, el cual no concuerda con los hechos reales ni la verdad material, iniciaron demanda de nulidad, que no fue correctamente interpretada por las autoridades pertinentes, ya que omitieron pronunciarse sobre las circunstancias importantes y determinantes; tal es el caso que no mencionaron que la propiedad en conflicto se encuentra dentro del Parque Nacional Tunari del referido departamento y al ser área protegida, se encuentran prohibidos los asentamientos humanos y más aún la parcelación de la pequeña propiedad, conforme el art. 48 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) modificada por la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006.

La Ordenanza Municipal 4199/10 de 3 de diciembre de 2010 en su art. 3 determina la prohibición del fraccionamiento de tierras no habilitadas para uso urbano, el fraccionamiento de dotación agraria, transacciones comerciales de bienes inmuebles de fraccionamiento irregular, prohibición que rige también para las áreas comprendidas dentro del Parque Nacional Tunari del mencionado departamento.

Por último, el citado anómalo documento de transferencia carece de las formalidades de rigor por expresa determinación del art. 1299 del Código Civil (CC); ya que son personas analfabetas, es sobre ese documento que se dicta Auto Nacional Agroambiental S2^a 059/2017 de 9 de agosto, que contiene errores y omisiones que se constituyen en una vulneración al debido proceso ya que los  ex y actuales Magistrados demandados no se pronunciaron sobre aspectos fundamentales como el referente en el “…Inc. C).- del numeral 3.- de la justa y proba Sentencia N° 87/2016 de fecha 01 de junio de 2017…” (sic) y a los arts. 1299 del CC concordante con el 1255 del mismo cuerpo legal. Es decir que dichas autoridades, sin ingresar al fondo, perdiendo el horizonte de los principios de lealtad, transparencia e imparcialidad y no se subordinaron a la ley.