SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0778/2018-S3

jurídico identificado por el representante de la empresa accionante se encuentra en la RM 1211/17 de 29 de noviembre de 2017, expedida por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, que confirmó la RA 239/2017 de 13 de julio, y consecuentemente la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 120/2017 de 5 de junio, ambas emanadas de la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba.

Teniendo ese contexto, es menester acudir al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el que se encuentra glosado lo referido al principio de buena fe y lealtad procesal que rige sobre las actuaciones de los particulares en las relaciones con las autoridades públicas y por supuesto entre personas particulares, exigiendo que sean realizadas dentro del marco de confianza mutua y recíproca, permitiendo de esta manera generar una razonable certidumbre respecto a las actuaciones realizadas.

Aplicando dicho razonamiento al caso de autos, vemos que la empresa accionante a través de su representante, omitió dar cumplimiento al principio antes descrito, pues puede advertirse que en el planteamiento de la acción tutelar presentó documentación considerada favorable a sus intereses excluyendo la que podría generar convicción integral sobre la problemática discutida. En concreto, nos referimos a la SCP 1181/2017-S1 de 24 de octubre cursante de fs. 129 a 146, emanada del Tribunal Constitucional  Plurinacional mediante la cual resolvió conceder la tutela solicitada dentro de una anterior acción de amparo constitucional interpuesta por Ovidio Cachambi Trujillo y Roxana Fernández Lazarte contra Walter Julio Álvarez Pozo, propietario de IFARBO LTDA., debido al incumplimiento de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA 120/2017, ratificada por RA 239/2017, ambas expedidas por la Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba (Conclusiones II.1 y 2). Sentencia, que el representante de la empresa peticionante de tutela no exhibió ni mencionó oportunamente, sino, que se tiene en antecedentes, fue el tercero interesado que comunicó de su existencia por estimar que se constituía en un elemento trascendental al tratarse de una Resolución que versa sobre el origen y fondo mismo del problema en cuestión. 

Dicho eso, es pertinente traer a colación el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional que glosa el entendimiento que debe recaer sobre la cosa juzgada constitucional y su vinculación con la identidad de objeto, sujeto y causa como razones para la desestimación de acciones tutelares. De ello se desprende que, cuando se pone en discusión o debate circunstancias anteriormente resueltas en el fondo por el Tribunal Constitucional Plurinacional, no pueden ser examinadas o discutidas nuevamente a través de otra acción constitucional, en mérito a que por previsión del art. 203 de la CPE, las disposiciones y resoluciones emanadas de este Tribunal revisten carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio sin que exista posibilidad de interponer contra ellas recurso ordinario ulterior alguno.

En ese mismo sentido, y por su vinculación al aspecto descrito precedentemente, corresponde hacer referencia a la imposibilidad de interponer acciones con identidad de objeto, sujeto y causa, exceptuando casos en que se hubiera declarado la improcedencia del recurso por aspectos formales y no de  fondo, en los que sí es permisible que las partes intenten una nueva acción cumpliendo con todas las exigencias.

Partiendo del hecho de que la controversia formulada por la parte accionante ya fue analizada y resuelta en el fondo, dando lugar a una resolución que concedió la tutela impetrada, una segunda acción en la que exista identidad de sujetos, objeto y causa, imposibilita a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pues, debe comprenderse que la primera resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinancional adquirió la calidad de cosa juzgada constitucional.

Concretamente, quedó establecido que no es posible plantear dos acciones tutelares en base a idénticos hechos y similar objeto procesal, pues, como se dijo existiría el riesgo de que se produzca duplicidad de resoluciones, razón por la que es importante resaltar la necesidad de que los sujetos procesales actúen con lealtad procesal. Lo contrario, constituiría un acto temerario que pretendería lograr confusión sobre un mismo hecho, con la posibilidad de inducir en error a las autoridades que circunstancialmente lleguen a conocer la causa.