SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0047/2018-S2

A raíz de la denuncia presentada por Maribel Sharon Lazo Jiménez, se inició un proceso penal contra Yerko Gabriel e Yan Rafael, ambos Quintana García, Geraldine Panamá Linares y su persona, por la supuesta comisión del delito de estafa, caso LPZ1614153, en el cual se presentó en su contra, la Resolución de Imputación Formal RES CORP 884/2017 de 27 de marzo. Asimismo, dentro de la etapa investigativa, prestó su declaración informativa el 27 de diciembre de 2016, una posterior declaración ampliatoria el 26 de abril de 2017; y así también, colaboró en el allanamiento realizado en la oficina 101-B, Piso 1, del edificio Centro Comercial Peatonal, ubicado en la Calle Murillo 1028, inmueble en el cual desarrollaba sus labores la Empresa de Remesas y Giros “EUROENVIOS S.R.L.”.

Alega también, que posteriormente a la realización de los actos investigativos referidos, el investigador asignado al caso, Juan Flores Mancilla –funcionario policial demandado–, emitió el informe de 15 de septiembre de 2017, mediante el cual, solicitó a Omar Alcides Mejillones Copana, Fiscal de Materia, emita una orden de aprehensión en su contra, bajo el argumento de que “La norma vigente regula que nadie puede eludir responsabilidad o culpa de un ilícito (...) que supuestamente mi persona tendría pleno conocimiento” (sic); solicitud que fue aceptada mediante decreto fiscal de 20 del mismo mes y año.

Refiere que, efectivamente el Fiscal en ejercicio de sus potestades y atribuciones, puede ordenar en caso de ser necesario, la aprehensión de las personas que legalmente notificadas se resistan a comparecer a la Fiscalía o de realizar algún acto ordenado en la investigación. Sin embargo, al haber una imputación formal dictada en su contra y tener la calidad de imputado, la orden de aprehensión librada por el Fiscal, es un acto lesivo de sus derechos y garantías constitucionales.