SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0062/2018–S2
Fecha: 15-Mar-2018
Respecto a la actuación del Juez demandado
Conforme se evidencia de antecedentes y datos del proceso (Conclusión II.1), del presente fallo constitucional, el citado Juez de Instrucción cautelar, emitió la Resolución 262/2017, por la cual, rechazó la solicitud de cesación de detención preventiva presentada por el ahora peticionante de tutela, argumentando que no se desvirtuaron los riesgos procesales de fuga y obstaculización, referidos a la actividad delictiva reiterada y posibilidad de influir negativamente sobre participes, testigos, peritos, etc.; toda vez que respecto al peligro de fuga, establecido en el art. 234.8 del CPP, la autoridad judicial, verificando la Certificación emitida por Secretaría del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, señaló que existen dos procesos penales contra el imputado; el primero, cuenta con una acusación fiscal radicada ante el indicado Tribunal de Sentencia, por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados; y el segundo, el presente proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Germán Mancilla Gutiérrez contra el accionante por el ilícito de uso indebido de influencias. A partir del cual, la autoridad judicial otorgándole el valor probatorio a dicha Certificación estableció que no solo subsistía la existencia del riesgo de fuga consistente en actividad delictiva reiterada, sino que el mismo quedó acentuado, señalando que los elementos probatorios presentados por el demandante de tutela no pueden encuadrarse en el art. 239.1 del CPP, porque datan de fecha anterior a la sustanciación de la audiencia de medidas cautelares, que no desvirtúan los riesgos procesales en cuestión y que dicha certificación es insuficiente, por cuanto no le permitió demostrar si es el mismo hecho por el cual, el impetrante de tutela está acusado, ya sea por conexitud o por un no es non bis in ídem; por lo que, en base a la sana crítica y valoración integral efectuada de la prueba y los datos del proceso, además sostuvo que aún persiste el peligro de obstaculización inmerso en el art. 235.2 del CPP.
Como se advierte, el Juez demandado, al emitir la Resolución de rechazo de la cesación de detención preventiva solicitada por el impetrante de tutela, no incurrió en ningún acto ilegal vulneratorio de los derechos invocados por el actor en la presente acción de libertad; por cuanto, contrariamente a lo alegado, actuó correctamente de acuerdo a procedimiento, al establecer que subsiste el peligro de fuga y obstaculización por parte del accionante, por la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior y porque podría influir negativamente en los testigos y peritos, criterio al que llegó la autoridad jurisdiccional demandada, luego de la ponderación de los elementos probatorios y antecedentes del caso.
- acción de libertad
- I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- a)
- denegando
- II.1.
- II.2.
- `«…el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes».
- Siguiendo el entendimiento referido por la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente y precisando la valoración integral de los elementos presentados que debe ser efectuada tanto por los jueces de primera como de segunda instancia, la SC 1249/2005 de 10 de octubre, establece:
- «(…) el análisis integral de los nuevos elementos presentados por el imputado para obtener la cesación de la detención preventiva, no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine revocar la concesión o rechazo de la cesación de la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada y de la necesidad de realizar una valoración integral de los nuevos elementos presentados por el imputado, expresando si los mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención preventiva».
- al resolver la cesación de la detención preventiva, el Juez de Instrucción debe considerar si con los nuevos elementos de juicio el imputado logra destruir o modificar sustancialmente los motivos que fundaron la detención preventiva, y de no darse esa situación, el Juzgador rechazará la solicitud, pero para ello es necesario que su determinación contenga una explicación motivada de las razones por las cuales persisten los motivos que fundaron la detención preventiva, condición que también se aplica al Tribunal de alzada que pudiese conocer en revisión la determinación asumida por el Juez a quo, pues el Juez o Tribunal de apelación de igual forma debe pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, realizando una valoración integral de los nuevos elementos presentados por el imputado, expresando si los mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención preventiva´
- III.2. De la cesación a la detención preventiva conforme el art. 239 del CPP, y el marco de análisis del Tribunal de alzada que resuelve la apelación incidental
- su parámetro de análisis deberá sujetarse a establecer en una primera fase: a) cuales fueron los requisitos que consideró concurrentes el Juez cautelar al disponer la detención preventiva; y b) cuáles son los nuevos elementos de juicio que alega y demuestra el imputado. Sin embargo, debido a la naturaleza de su obligación -resolver una apelación-, el análisis tendrá una segunda fase consistente en contrastar los elementos de juicio presentados en la primera fase con los fundamentos de agravio expuestos por la parte apelante, con lo que queda claro que el Tribunal a quem no podrá por si, exponer otros fundamentos que no estén vinculados a su vez a los que motivaron la detención, los expuestos en la solicitud de cesación y los de la apelante, pues de no sujetarse a este marco de análisis, infringiría la norma prevista por el art. 398 del CPP, que expresamente dispone: `Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución´, disposición que asegura el cumplimiento de las normas del debido proceso y con ello la igualdad efectiva de las partes, de modo que el Juez se rija por el eje de la imparcialidad, sin poder suplir la negligencia de las partes u otorgarles más allá de lo que han solicitado».
- los Tribunales de apelación que resuelven una solicitud de cesación de detención preventiva están vinculados: «…la resolución impugnada y a los puntos apelados, expuestos como agravio, delimitan el campo de acción al que estará sujeto el Tribunal de alzada a tiempo de compulsar y valorar la prueba presentada como nuevos elementos probatorios, a efectos de determinar si la resolución impugnada actuó conforme a derecho a tiempo de denegar o conceder la solicitud de cesación de la detención preventiva…».
- el tribunal de alzada que resuelve la apelación incidental de la solicitud de cesación de la detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, en su resolución debe realizar el análisis ponderado de dos elementos: 1) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la detención preventiva? y, 2) ¿Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra?, análisis que debe realizarse en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, que dispone que «Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución´, es decir, contrastando los dos primeros elementos, con estos otros dos: 1) ¿Cuáles fueron los puntos expuestos como agravios por el apelante?; y 2) ¿Cuáles los fundamentos de la resolución que resolvió la cesación de detención preventiva en primera instancia?»’.
- III.3.
- Respecto a la actuación del Juez demandado
- 1)
- i)
- CONFIRMAR