SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0098/2018-S1

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la supuesta comisión del delito de extorsión, se emitió requerimiento conclusivo de sobreseimiento, el mismo que fue ratificado por el Fiscal Departamental de La Paz y posteriormente notificado a la Jueza de Instrucción Penal Segunda del mismo departamento -hoy demandada-.

El 13 de septiembre de 2017, luego de solicitar a la Jueza demandada de forma reiterada por ocho oportunidades que emita el fallo correspondiente, dicha autoridad procedió a “arrimar” una Resolución -de modificación de medidas cautelares- como consecuencia de haber sido conminada por el Tribunal de garantías de la acción de defensa señalada; sin embargo, en dicho fallo no contempló qué medidas cautelares procedía a levantar, simplemente ratificó un acta de audiencia que instaló sin que previamente se hubiera convocado o notificado con la misma; además que al emitirse las ejecutoriales de ley tanto al Ministerio Público -a fin de levantar el registro en el sistema biométrico- como al Ministerio de Gobierno -por medio de la oficina de Migraciones- este último observó que en la citada Resolución no se establecía el número de cédula de identidad de su persona para proceder al desarraigo correspondiente; asimismo, para cumplir con los demás trámites y se proceda a la emisión del mandamiento de libertad, es necesario la presentación del certificado de desarraigo, motivo por el cual el 8 de noviembre de igual año, solicitó a la autoridad ahora demandada emita resolución complementaria en la que se corrijan todas las observaciones referidas, misma que no fue proveída, menos aún complementada, omisiones que fueron denunciadas ante la División de Transparencia del Consejo de la Magistratura; empero, hasta la fecha -se entiende de presentación de esta acción tutelar- no se realizó ninguna acción al respecto.