SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0236/2018-S3

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituidas en Tribunal de garantías, mediante Resolución 08 de 27 de noviembre de 2017, cursante de fs. 113 a 117, denegaron la tutela impetrada, sobre la base de los siguientes fundamentos: i) Las Resoluciones cuestionadas por la vía constitucional son el Auto 310/2016 de 13 de mayo y Auto de Vista 76 de 24 de marzo de 2017, este último pronunciado por los Vocales demandados, que confirma el Auto 310/2016 emitido por la Jueza de la causa; ii) El accionante presentó excepción de falta de fuerza ejecutiva, alegando que no debe a Mery Del Carmen Cuellar Núñez la suma de USD18 000.-, sino que solamente adeudaría USD15 000.- y los restantes USD3 000.- a Fátima Gabriela Eyzaguirre Ortiz, razón por la que presentó la mencionada excepción que fue declarada improbada y se ejecutorió; iii) Con el incidente de nulidad de obrados presentado, el impetrante de tutela persiguió el mismo objetivo de la interposición a la excepción de falta de fuerza ejecutiva, misma que fue declarada improbada, el solicitante de tutela hace mención a las sentencias aparentes, que son aquellas que proceden cuando existe vulneración de derechos fundamentales en su contenido, ocasionando que la cosa juzgada pueda ser reclamada y revertida por la vía incidental; si el peticionante de tutela consideró que la “…resolución que resuelve la excepción…”(sic) lesionó un derecho fundamental, en su momento debió impugnar la misma; iv) No se vulneró su derecho al debido proceso pues ejercitó su derecho a la defensa y su derecho a la impugnación; v) Lo alegado en el fondo de la demanda tutelar, es el hecho de que el Tribunal de apelación y la Jueza demandada, no interpretaron la cláusula novena del segundo contrato de préstamo, aspecto que el solicitante de tutela considera vulneratorio a su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica; respecto a la valoración del segundo contrato suscrito y a la interpretación de su cláusula novena, corresponde su interpretación a la justicia ordinaria y no a la justicia constitucional; vi) No es evidente que Fátima Gabriela Eyzaguirre Ortiz sea la acreedora del primer contrato de préstamo de dinero;    vii) En los dos primeros contratos de préstamo de dinero, las partes que firman son Mery Del Carmen Cuellar Núñez como acreedora y el accionante como deudor; viii) La Jueza de primera instancia y los Vocales del Tribunal de apelación, actuaron en derecho sin violentar derechos fundamentales del impetrante de tutela, teniendo a su alcance este, la oportunidad de oponer e impugnar si consideraba que existió vulneración al tiempo de declararse improbada su excepción, actuación que no realizó dejando precluir su derecho; por lo que, no se observa vulneración al derecho a la seguridad jurídica; y,         ix) Respecto a la vulneración al debido proceso que es derecho, garantía y principio, que se encuentra vinculado a los derechos a la defensa, al Juez natural, a ser oído, a un abogado, a comunicarse con su abogado, a una resolución motivada, a la tutela, no se observó vulneración de los derechos previamente mencionados.