SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0391/2018-S2

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste             -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.

  De la jurisprudencia glosada precedentemente, se extrae que la acción de libertad, se puede activar por una denuncia de lesión al debido proceso, cuando el acto lesivo sea la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción, entendimiento que ha sido reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0560/2015-S2 de 26 de mayo y 0566/2016-S2 de 30 de mayo.

      Planteada la problemática, cabe señalar que la acción de libertad, instituida por el orden constitucional como mecanismo extraordinario de defensa, cuyo objeto es proteger y resguardar los derechos a la vida, a la libertad personal y de locomoción y al debido proceso, no tutela todas las lesiones vinculadas a este último, sino solo aquellas que se encuentren directamente vinculadas con el derecho a la libertad física o de locomoción, por operar como causa directa para su restricción.

           En el caso de autos, de los antecedentes procesales, se constata que la accionante, interpuso la presente acción libertad alegando que dentro del proceso penal seguido en su contra y otro, por la presunta comisión del delito de asesinato, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, señaló audiencia de juicio oral inicialmente para el 8 de septiembre de 2017, que se suspendió a petición de los abogados de la defensa por no haber comparecido los testigos de descargo, petición aceptada por única vez, señalando nueva audiencia para el 12, 13 y 14 de diciembre desde horas 09:00 y siguientes, designándole como abogados defensores de oficio a Pedro Miguel Barbery Jalil, Sergia Rocha Rocha y Hugo Ampuero, sin perjuicio que la acusada asista con sus abogados de confianza. Es así, que instalada la audiencia de juicio oral, el 12 de diciembre de 2017, los abogados particulares de la accionante no asistieron a dicho actuado procesal; circunstancia por la que, solicitó la suspensión de la audiencia, que fue rechazada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, de acuerdo con lo pedido por el Ministerio Público, parte querellante y el coimputado, otorgándole treinta minutos adicionales de espera, los que concluidos, se prosiguió con el actuado procesal, procediendo la acusada a renunciar al patrocinio de los abogados defensores de oficio, así como a uno de sus abogados particulares.

           Al respecto, los actos denunciados si bien, son aspectos vinculados a la garantía del debido proceso, no lo están directamente a la libertad física de la encausada; toda vez que, la designación de los abogados defensores de oficio por parte de las autoridades judiciales demandadas, no son la causa directa de la privación de la libertad de la accionante, en mérito a que la misma fue dispuesta por el Juez que ejerció el control jurisdiccional en la etapa preparatoria, como medida cautelar de carácter personal, como lo reconoce la demandante de tutela en su memorial de demanda de la presente acción tutelar, al no denunciar como vulnerado su derecho a la libertad e invocar la aplicación de la SCP 0217/2014, no obstante de hacer alusión a que dicho entendimiento jurisprudencial contenido en la misma, fue reconducido a través de la SCP 1609/2014, que determinó que la activación de esta acción tutelar respecto al debido proceso, se opera cuando está vinculado directamente con el derecho a la libertad, lo contrario constituiría modificar su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales; consecuentemente, en el caso concreto, no corresponde realizar análisis alguno como lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aspecto que debió observar la peticionante de tutela antes de interponer erróneamente esta acción de defensa; en el entendido, que las lesiones al debido proceso deben ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa; es decir, que quien considera haber sido objeto de esa lesión, debe solicitar su reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, podrá acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, que, es la vía idónea para precautelar las lesiones al debido proceso; circunstancia; que determina, se deniegue la tutela solicitada.