SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0496/2018-S1
Fecha: 11-Sep-2018
1)
Freddy Larrea Melgar, Fiscal Departamental de Santa Cruz, presentó informe escrito de 9 de julio de 2018, cursante de fs. 166 y 167 vta., argumentando que: 1) La parte accionante no expresó cuáles serían los supuestos, hechos omitidos, o qué pruebas no fueron valoradas, falta de carga argumentativa que no hace posible el análisis de fondo por la jurisdicción constitucional; 2) La presente acción no expresa los agravios que le estuviese causando la resolución o de qué manera se habría vulnerado su derecho al debido proceso en su componente del derecho a la motivación de las resoluciones; 3) La decisión de revocar la Resolución de rechazo y ordenar la continuación de las investigaciones, de ninguna manera implica vulneración de la congruencia de las resoluciones, puesto que lo sancionado son los hechos conforme prevé el art. 305 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 4) El accionante no expresa cual es la valoración concreta de los elementos indiciarios, en la que el Fiscal Departamental se hubiera apartado de los marcos de la razonabilidad y equidad, limitándose a referir que existe mala valoración de prueba indeterminada; y, 5) La parte accionante alega que se estuviese vulnerando su derecho a la defensa; sin embargo no señala de qué manera la Resolución cuestionada vulneró ese derecho.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional
- I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
- a)
- b)
- 1)
- concedió
- II.2.
- II.3
- II.4
- II.5
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- III.2. Fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
- III.3. Sobre el principio de congruencia como componente del debido proceso
- Los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica
- toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas.
- III.4.1. Sobre el rechazo de la denuncia y la atribución del Fiscal Departamental
- 17. Resolver las objeciones de las resoluciones de rechazo
- En este sentido, la competencia del Fiscal Departamental, a los fines de realizar la revisión del acto (rechazo) realizado por el Fiscal de Materia, únicamente se apertura con la formulación de la objeción precedentemente señalada, tal cual permiten comprender las previsiones legales contenidas en los arts. 34. 17 y 65 de la LOMP,
- III.5. Análisis del caso concreto
- Sobre la supuesta falta de congruencia en la
- Sobre la supuesta falta de fundamentación y motivación en la
- Fragmento 25