AUTO CONSTITUCIONAL 0263/2019-CA
Fecha: 15-Oct-2019
II.5. Análisis del caso concreto
El accionante, demanda la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 del DS 09357, por ser presuntamente contrarios a los arts. 5 y 7 inc. d) de la CPE abrg.; y, 9.5, 18.I, 46.I y II, y 236.I de la CPE vigente, con el fundamento de que, dentro del proceso coactivo fiscal seguido en su contra por el SEDES Beni, los Informes Preliminar “EB/EP06/N11-R-1” y Complementario “EB/EP06/N11-C1”, establecieron responsabilidad civil y un daño económico al Estado, al haber percibido remuneración fuera del marco de lo dispuesto en las normas impugnadas, sin que sus descargos hubieran sido considerados en el Informe Complementario.
Agrega que, si bien el art. 236 de la CPE prohíbe a los funcionarios públicos desempeñar más de un cargo público remunerado a tiempo completo, los arts. 11.IV del EFP; y, 13.III inc. e).1 de las NBAP, permiten a los médicos especializados ejercer funciones en otras entidades de la administración pública, siempre que se mantenga su compatibilidad horaria; sin embargo, los preceptos cuestionados limitan la jornada de trabajo de los médicos especializados. Por último, sostiene que la relevancia constitucional consiste en que las conclusiones del Informe Complementario se basan en las normas impugnadas, siendo necesario entonces que la autoridad judicial, antes de dictar sentencia, tenga la certeza de la constitucionalidad o no de las mismas.
Al respecto, es preciso dejar establecido que la labor de control normativo de constitucionalidad a cargo de este Tribunal Constitucional Plurinacional (art. 196.I de la Norma Fundamental), se trasunta en la compulsa del texto de la o las normas impugnadas con el o los preceptos constitucionales invocados y que se encuentren vigentes, pues de advertirse antinomia entre los mismos, se debe proceder a la depuración del ordenamiento jurídico; para tal efecto, conforme se tiene glosado en el acápite anterior, es exigible la fundamentación jurídico-constitucional del control normativo que pretende la o el accionante, a través de argumentos fácticos y jurídicos claros y concretos que generen duda razonable respecto a la constitucionalidad de los preceptos cuestionados, generando la necesidad a este Tribunal de pronunciarse respecto al fondo de la pretensión.
Así analizando los argumentos expuestos por la parte accionante se evidencia que se solicita el test de constitucionalidad de los arts. 2 y 3 del DS 09357 por considerar que infringe loas arts. 5 y 7 inc. d) de la CPE abrg.; así como los arts. 236.I de la CPE en actual vigencia. En consecuencia, al evidenciar que en la presente demanda, se denunció contradicción de normas constitucionales abrogadas como vigentes, resulta necesario realizar un análisis independiente con relación a éstas.
- Fragmento 1
- I.1. Síntesis de la solicitud de parte
- I.2. Respuesta a la solicitud
- rechazó
- cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales
- de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción
- la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado
- el juicio o test de constitucionalidad debe ser realizado con la Constitución Política del Estado vigente, así se trate de normas jurídicas o resoluciones de contenido normativo dictadas con anterioridad a su vigencia; es decir nacidas a la vida jurídica bajo el anterior régimen constitucional.
- ‘… se debe aclarar enseguida, que el presente se trata de caso de inconstitucionalidad sobreviniente, en el que se debe analizar la constitucionalidad de una norma promulgada con anterioridad a la vigencia de la actual Constitución, para establecer si es o no compatible con ésta, por lo que no es posible el planteamiento de la autoridad que promovió el recurso de realizar el juicio de constitucionalidad respecto a la Constitución de 1868, sino que debe serlo a la luz de la Constitución vigente’
- ‘…En el caso presente, se evidencia que la fundamentación del memorial en el que se solicita que se promueva el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad acusa como vulneradas, normas de la Constitución Política abrogada. Al respecto, corresponde aclarar que el proceso constituyente que culminó con la promulgación de la Ley Fundamental vigente, constituye una causal sobreviniente ajena a la voluntad de las partes y del propio Tribunal, que impide la admisión del recurso por falta de fundamentación jurídico-constitucional, aclarando que en la labor de control de constitucionalidad, este Tribunal no puede actuar de oficio, sino a instancia de parte. Por ello, ante la imposibilidad de ingresar al análisis de fondo, corresponde el rechazo del incidente de inconstitucionalidad por basarse en preceptos de la Constitución abrogada, por lo que el presente recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad carece de fundamento jurídico-constitucional’
- 1.-Qué principios, valores y normas constitucionales, considera infringidas, pero de la Constitución Política del Estado vigente, en caso de no ser así, no es admisible esta acción. Labor que le corresponde a la Comisión de Admisión.
- la carencia absoluta de fundamentos jurídico constitucionales alude a una operación argumentativa ineludible, basada en razonamientos constitucionales que sean suficientes de acuerdo al caso concreto que se analiza, para germinar una duda sobre la adecuación de la norma demandada a los valores, principios y normas de la Constitución Política del Estado; más no es una operación dependiente de la extensión de la demanda o la acumulación de doctrina y jurisprudencia, sino que consiste en la presentación de razonamientos y criterios derivados de la Ley Fundamental, que configure una duda razonable y haga justificable un examen de los mismos, con el objeto de verificar si la norma demandada es conforme a la Norma Suprema’
- Concluyendo que, debido a la naturaleza de esta acción de control normativo, por la cual se impugna normas legales que atentan contra la Ley Fundamental, en su propósito debe cumplirse con la adecuada y razonada fundamentación jurídico constitucional, que permita a este Tribunal ingresar a analizar dichos fundamentos y efectuar el control de constitucionalidad pertinente
- la ausencia de fundamentación, que es un elemento exigido por el inc. 3) de la norma citada, impedirá conocer los motivos por los que se considera inconstitucional la norma impugnada y la importancia de la misma en la resolución de la causa que origina el recurso';
- II.5. Análisis del caso concreto
- II.5.1. Con relación al contraste pretendido con normas constitucionales abrogadas
- II.5.1. Con relación al contraste de las normas impugnadas con los arts. 9.5, 18.I, 46.I y II y 236.I de la CPE vigente
- RATIFICAR