SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0651/2019-S3

Marcel Alemán Suvelza, en representación de la Cooperativa San Luis Ltda. en liquidación, en audiencia a través de su abogado, señaló que: i) Llevó adelante varios procesos contra el accionante, uno de ellos condenándole por el delito de apropiación indebida; ii) El prenombrado planteó su apelación restringida después que fue condenado, pidiendo al Tribunal de la causa que le cambie la conducta de condenado a absuelto, bajo el fundamento que existió una mala subsunción de la aplicación del delito mencionado, cuyo argumento es sobre valoración de la prueba, debiendo plantear en apelación restringida; iii) Respecto al recurso de casación, el art. 417 del CPP es claro con relación a los requisitos que deben observarse para interponerlo, debiendo abocarse a señalar la contradicción en términos precisos como única prueba para su admisibilidad; es decir, acompañar autos de vista ya invocados en la apelación restringida; iv) El recurso de casación presentado por el impetrante de tutela cuestionó la valoración del Testimonio de Poder 0563/2015 de 4 de mayo, para que el Tribunal de casación valore como si fuese un tribunal de sentencia, no siendo la labor del mismo; y, v) No se vulneró el derecho a la defensa del peticionante de tutela, porque durante todo el proceso penal tuvo todas las garantías para asumir su defensa e interponer todos los recursos, no siendo culpa del Tribunal Supremo de Justicia que no hubiese cumplido los requisitos previstos en el art. 417 del Código aludido, indicando las contradicciones de manera clara; solicitando se deniegue la tutela demandada.

De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.