SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0859/2019-S4

La SC 0619/2005-R de 7 de junio, sostuvo que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

Respecto al debido proceso vía acción de libertad, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones.

En ese contexto, de la revisión del acta de audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva impuesta al ahora imperante de tutela se observó que, la parte querellante planteó apelación contra la Resolución de 27 de diciembre de 2018, argumentando su impugnación en la concurrencia de los arts. 234.1, 2 y 8 y 235.2 del CPP, de acuerdo a los siguientes puntos: a) No se tomó en cuenta que el certificado a futuro no se encuentra refrendado por la Inspectoría del Trabajo; por lo cual, no cumple con todos los requisitos que requiere la Ley; b) El certificado migratorio presentado es departamental y no nacional, quedando subsistente la posibilidad de abandonar el País; y, c) No se puede exigir que los procesos seguidos contra el accionante, que están con acusación, deban encontrarse debidamente ejecutoriados, pues la norma prevé la existencia de actividad lícita reiterada (Conclusión II.1).