SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0929/2019-S4

Dentro el proceso penal que le sigue el Ministerio Público, en contra de su persona y su hijo Walter Ariel Ortega Quispe, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, previsto y sancionado en los arts. 335 con relación al 346 bis del Código Penal (CP); presentó dos recursos de apelación que se encuentran en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; la primera ante la resolución que resolvió un incidente de nulidad de la imputación formal en el fondo; y la otra, contra el Auto interlocutorio de 21 de enero de 2019, que le impuso la medida cautelar de detención domiciliaria; así también la parte adversa formuló apelación en relación al citado auto interlocutorio; habiendo señalado dicha Sala Penal audiencia para el 25 de marzo de 2019; celebrada la misma, los Vocales decidieron arbitrariamente la modificación de su situación procesal dictada por el
Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz disponiendo una más gravosa –detención preventiva– en base a argumentos de la parte denunciante sin acreditar prueba, ni respetar el principio de la reformatio in peius “…(Art. 400 del CPP), así como el Principio de Favorabilidad (Art. 116 de la CPE) y el Principio de la Libertad Probatoria en pleno ejercicio del derecho a la Defensa…” (sic).

En tal mérito solicitó explicación, complementación y enmienda al amparo del art.125 del Código de Procedimiento Penal (CPP), las autoridades ahora demandadas rechazaron dicha solicitud, sin fundamentar las razones de su actuación, además de no valorar la documental ofrecida sin aceptarla para desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización.