SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0949/2019-S2

El accionante alega vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; y, al principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, fue imputado en un primer momento por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves; ante la conminatoria pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, el Fiscal de Materia emitió ampliación de la imputación por la presunta comisión del delito de violación, vulnerando no solo el plazo sino los alcances del                   art. 134 del CPP. Habiendo presentado excepción de extinción de la acción penal, mereció Auto Interlocutorio 727/2017 que declaró extinguida la acción penal.

Interpuesto el recurso de apelación por la tercera interesada y el Ministerio Público, los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 12/2019, aplicando de forma inadecuada y arbitraria el art. 134 del CPP; puesto que, señalaron que la ampliación de imputación se presentó dentro de plazo y sosteniendo que tendría el efecto de un requerimiento conclusivo, revocaron el Auto Interlocutorio 727/2017 pronunciado por el Juez a quo, que dispuso la extinción de la acción penal a su favor; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada, y se anule el indicado Auto de Vista 12/2019 y el Auto Complementario 16/2019; asimismo, se intime a emitir nueva resolución.

El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos.  

Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión.

iii)     Sensibilidad de la justicia por temas de género                          -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitiman o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.

En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.