SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1007/2019-S2
Fecha: 21-Nov-2019
1)
Franz Zulmer Villegas Chávez, Fiscal de Materia en audiencia señaló: 1) Mediante memoriales de 17 de abril y 9 de mayo, ambos de 2019, el sindicado remitió dos certificados médicos emitidos, el primero, por un galeno particular y el segundo por un Médico Forense; por consiguiente, al existir algunas dudas sobre el estado de salud del procesado y sobre el cumplimiento del procedimiento para la emisión del certificado médico forense de 6 de mayo de igual año, a través de requerimiento de 15 del citado mes y año, se solicitó al Director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) absuelva algunas observaciones, requerimiento que fue respondido mediante nota de 3 de junio de dicha gestión, en el que se indica que una Junta Médica de la mencionada institución evaluó los certificados aportados por el ahora accionante, estableciendo en lo principal que no se pudo realizar la valoración del estado de salud de Harold Omar Montalvo Rocha por desconocer su paradero; que el IDIF se encuentra impedido de hacer recomendaciones por que dicha atribución no está permitido en el Manual, además que existe una anomalía en la emisión del certificado medido forense de 6 de mayo de 2019, por cuanto el mismo no responde al requerimiento fiscal que solicitaba se determine la existencia de signos de violencia física y no así una valoración del estado de salud del sindicado; 2) Al no haberse podido realizar la evaluación del estado de salud del encausado, el 27 de junio de dicho año, luego de haberse recibido su declaración informativa en la ciudad de Santa Cruz, en cumplimiento al requerimiento fiscal emitido, se efectuó la valoración médica extrañada, la cual fue evaluada por una Junta Médica, para luego ejecutar la Resolución de aprehensión emitida por la Comisión de Fiscales contra el hoy accionante, habiendo sido trasladado a la ciudad de Oruro; y, 3) Antes de desarrollarse la audiencia de aplicación de medidas cautelares en el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo, el accionante fue sometido a una nueva valoración de su estado de salud, por el Médico Forense de turno, que informó que estaba con funciones cognoscitiva, clínicamente con signos vitales dentro del límite de la normalidad. Por lo expresado, se tiene que no se lesionó el derecho a la vida del impetrante de tutela, ya que en todo momento dicho derecho fue precautelado.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- i)
- a)
- denegó
- I.3. Trámite de ampliación de plazo
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública, es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública)
- después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad
- Toda persona tiene derecho a la vida
- el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos, por lo que al ser vulnerado resta sentido a los demás derechos
- la noción protectiva de la acción de libertad en relación al derecho a la vida
- es menester aclarar la inaplicabilidad bajo ninguna circunstancia de la regla de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad cuando se denuncia violación del derecho a la vida o integridad personal
- la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse,
- en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria
- todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria
- Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional
- III.4.1. Respecto al desconocimiento del certificado médico forense de 6 de mayo de 2019 que recomienda que no puede constituirse en lugares cuya altura supere los 1000 m sobre el nivel del mar
- III.4.2. Con relación a la aprehensión ilegal
- existe otra vía para reclamar una aprehensión considerada ilegal; y, es la activación del incidente de actividad procesal defectuosa ante el Juez de la causa,
- CONFIRMAR