SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1092/2019-S1

Mediante Resolución 1/2018 de 20 de marzo, cursante de fs. 130 a 149, el Juez Público Civil y Comercial y de Familia Primero de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de Garantias, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Alcaldía Municipal de Riberalta del referido departamento, a través de su Alcalde Municipal y la Secretaria de Desarrollo Humano de dicha entidad, procedan a la reincorporación inmediata de la accionante a su fuente laboral y en el cargo que fungía, así como la cancelación de sus salarios devengados a la fecha de su destitución, bonos y otros reconocidos por el GAM de Riberalta, argumentando que esa entidad municipal por conducto regular inició y prosiguió en contra de la ahora impetrante de tutela proceso sumario interno para su destitución; sin embargo, no siendo menos cierto que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) tenía el plazo de ocho días hábiles para elevar el Recurso Jerárquico, situación que acorde a los datos del proceso y Resolución de Recurso Jerárquico 001/2017 de 21 de marzo y no lo hizo, -habiendo pasado más de cuatro meses de la interposición del recurso-, así expresado por el “art. 67.II del Procedimiento Administrativo”, presumiendo que lo dictaminado por la autoridad sumariante quedó sin efecto por la demora en el envío del recurso. En relación al caso presente, se tiene la Sentencia Constitucional 1782/2011-R de 7 de noviembre; y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0227/2017-S3 de 24 de marzo y 0951/2017-S2 de 18 de septiembre, que de la relación de hecho y de derecho expuesto por ambas partes procesales y la jurisprudencia citada, se puede determinar con Sindéresis Jurídica que, por las pruebas de cargo, es viable la acción impetrada por la peticionante de tutela.