AUTO CONSTITUCIONAL 0316/2019-CA

Teresa Zárate Rivas, Fiscal Investigadora de la Dirección del Régimen Disciplinario de la Fiscalía General del Estado, mediante memorial presentado el 28 de noviembre de 2019, cursante de fs. 35 a 37, solicitó no promover la acción de inconstitucionalidad concreta, con base en los siguientes argumentos: a) El accionante refiere que planteó incidentes y una excepción de falta de acción, cuando solo se aprecia un incidente de nulidad del proceso por falsedad del informe emitido por el Fiscal de Materia - Inspector de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, obrando con deslealtad, más aun siendo su única finalidad, dilatar el proceso disciplinario; b) El art. “61” del Reglamento de Régimen Disciplinario, regula las incidencias del proceso, estableciendo un plazo probatorio de diez días, en el que las partes podrán recabar y ofrecer las pruebas necesarias que sirvan para fundar su acusación o en su caso, su defensa; no debe perderse de vista que en el sumario disciplinario se confrontan las pruebas de cargo y descargo, de esa manera el Juez sumariante cuenta con los elementos necesarios para el juicio correspondiente; además, la dinámica de los alegatos tiene la virtud de facilitar al sumariado la oportunidad de esgrimir sus argumentos en procura de sus propios intereses y sin restricción, aunque no sean a través de una excepción, el cual debe ser resuelto en su integridad en el marco del debido proceso por la Autoridad Sumariante; c) El Fiscal de Materia procesado, tiene la responsabilidad de recurrir ante el Fiscal General del Estado haciendo uso del recurso jerárquico, mencionando los presuntos agravios; por lo que, no puede alegar de afectación al debido proceso en ninguna de sus vertientes; y, d) En un proceso disciplinario se juzga el comportamiento de los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones públicas frente a normas administrativas de carácter ético; en cambio, en un proceso penal, las garantías son reforzadas, por cuanto está en juego el derecho a la libertad, de ahí que emane del jus libartatis, lo que no ocurre en materia administrativa.