SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1049/2019-S2

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, inicialmente se dispuso su detención preventiva por la concurrencia de lo dispuesto en el art. 233 en relación a los riesgos de fuga previstos por el art. 234.1, 2 y 10 del Código de Procedimiento Penal (CPP); respecto a este último, indicó que su concurrencia fue establecida a raíz que el bien jurídico afectado fue la salud pública, que los imputados al traficar sustancias controladas atentan contra sectores vulnerables de la sociedad, como son los niños y adolescentes.

En relación al Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de Oruro, señaló que respecto al art. 234.10 del CPP, en la primera resolución se fundamentó “…considerando que el bien jurídico afectado es la salud pública toda vez que los imputados al traficar con sustancias controladas atentan contra sectores más vulnerables de la sociedad…” (sic); sin embargo, mediante Resolución 265/2019 de 11 de julio que resolvió la cesación a la detención preventiva planteada, en relación al peligro de fuga citado, mediante razonamientos contrarios a los originalmente dispuestos, incrementó un nuevo riesgo procesal, señalando “que en el caso se trataría de volúmenes mayores de sustancias controladas y afecta a la funcionalidad psicológica de las víctimas” (sic).

Habiendo apelado la resolución señalada, los Vocales de la Sala Penal Tercera del departamento de Oruro, a través del Auto Vista 127/2019 de 17 de julio, declararon improcedente el recurso de apelación y en consecuencia confirmaron la decisión de primera instancia; creando un argumento al margen de la ley al establecer que debe desvirtuar aspectos referidos en la imputación formal; con ello, incrementaron también un nuevo riesgo procesal mal interpretando el peritaje psicológico.