SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1050/2019- S2
Fecha: 03-Dic-2019
i)
El demandado Gonzalo Vela Choque, Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Paulo VI” Ltda, en audiencia señaló lo siguiente; i) El accionante como estudiante de la carrera de Contaduría, goza de tolerancia en horario de trabajo hasta dos horas diarias; sin embargo, de acuerdo con las normas que rigen el funcionamiento de la Cooperativa, no puede contraponerse a los fines, objetivos, políticas, planes, programas y proyectos de carácter institucional de la misma Cooperativa, por lo que es inviable que se deje sin efecto el Memorándum CAYCPVI/RR.HH.048/2019; ii) Respecto a las notas presentadas por el impetrante de tutela; se hace notar que, fueron respondidas y que se tiene constancia que fue recibido por el solicitante de tutela, toda vez que lleva su firma y rúbrica -14 de junio de 2019-, en este sentido, se dio cumplimiento con lo dispuesto por el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).
La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001[1] establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: i) Pronta y oportuna[2]; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; ii) Formal[3]; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material[4], porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada[5]; vale decir, motivada y fundamentada que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porque se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos facticos y jurídicos.
- acción de amparo constitucional
- Fragmento 2
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- i)
- concedió en parte
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre el
- a)
- Fragmento 10
- Fragmento 11
- alcanzando a cualquier autoridad o servidor público
- SC 1995/2010-R
- Respecto a personas particulares
- Fragmento 15
- Fragmento 16
- III.2
- CONFIRMAR
- 2° Disponer
- MAGISTRADA
- lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho
- la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley
- el Estado está obligado a resolver la petición
- la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla
- cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable
- además de motivada.
- se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba
- el plazo previsto por Ley
- plazo razonable