SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1222/2019-S1

Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal Departamental de La Paz (en suplencia legal) presentó informe escrito de 25 de marzo de 2019, cursante de fs. 151 a 158, manifestando que: 1) La determinación de revocar el requerimiento conclusivo de sobreseimiento no vulneró ni afectó los derechos constitucionales de la parte ahora accionante; 2) La línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que la valoración de la prueba es propia de la jurisdicción ordinaria, por lo que, no se puede activar esta vía constitucional para revisar la actividad de los tribunales ordinarios; 3) Respecto a las presuntas irregularidades alegadas por la parte impetrante de tutela (proceso sin contenido de investigación, ni diligencias de notificación), actos que constituirían actividad procesal defectuosa, correspondían que sean denunciado o se pongan en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente; 4) No es evidente que se haya omitido considerar el documento privado, pues lo mencionó y consideró en el “apartado II.3 Análisis del Caso Concreto” contenido en la Resolución FDLP/WEAL/S 15/2018 que se emitió; 5) Tampoco es cierto que los ahora accionantes no hayan sido notificados con el requerimiento conclusivo de sobreseimiento de 25 de mayo de 2018, así lo demuestran los formularios de notificación que cursan en obrados; 6) La invocación de los derechos presuntamente vulnerados carecen de fundamentación fáctica, pues no existe nexo de causalidad entre el hecho o acto lesivo y el derecho lesionado; y, 7) Las salas constitucionales no tienen competencia para modificar la situación procesal de la parte accionante, debido a que en obrados cursa acusación formal. Por lo que pide se deniegue la tutela.

La parte accionante alega que se lesionaron sus derechos al debido proceso y a la defensa; debido a que la Resolución FDLP/WEAL/S 15/2018 de 22 de noviembre, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, revocó el requerimiento conclusivo de sobreseimiento de 25 de mayo de 2018, a favor de Pilar Machicado Osco, sin considerar que: 1) El aludido requerimiento conclusivo de sobreseimiento reviste calidad de cosa juzgada; 2) El contrato suscrito por la venta del terreno corresponde que sea conocido y dilucidado en materia civil; y, 3) La supuesta víctima no demostró la inexistencia del lote de terreno objeto de controversia.

De la relación de antecedentes y Conclusiones que informan el presente fallo constitucional se tiene que, los ahora accionantes el 4 de noviembre de 2015, suscribieron un documento privado de transferencia en calidad de venta de un lote terreno de 240 m² ubicado en la avenida Julio Téllez y esquina Cobija, zona de Alto Tacagua de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, a favor de Zenobia Quispe Quispe, quien el 7 de junio de 2016, interpuso querella contra los mismos por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP alegando que el bien inmueble (terreno) que le transfirieron no existe.

Así también, se evidencia que William Eduardo Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, por Resolución FDLP/WEAL/S.15/2018, resolviendo la impugnación interpuesta por Zenobia Quispe Quispe, revocó el requerimiento conclusivo de sobreseimiento de 25 de mayo de 2018, decretado por el Fiscal de Materia a favor de Pilar Machicado Osco, ordenando al Director Funcional de la investigación que en el plazo de diez días a partir de su notificación presente acusación contra la referida, ante la autoridad jurisdiccional, por la presunta comisión del delito de estafa previsto y sancionado por el art. 335 del CP.

En ese contexto, los ahora peticionantes de tutela a través de memorial de acción de amparo constitucional identifican como hecho o acto vulnerador de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, la Resolución FDLP/WEAL/S.15/2018, dictada por William Eduardo Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz –autoridad ahora demandada– señalando que, fue emitida sin considerar que el sobreseimiento como acto conclusivo reviste calidad de cosa juzgada; que el contrato suscrito por la venta del terreno corresponde que sea conocido y dilucidado en materia civil; y, que la supuesta víctima no demostró la inexistencia del lote de terreno objeto de controversia. Pidiendo que se admita la presente acción tutelar.