SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0038/2019-S3

             Los puntos reclamados fueron respondidos de la siguiente manera por la Nota Cite: SENASIR/UNI.FISCA. 644/2018 descrita en el III.2.2 del presente fallo, señalando que la deuda generada fue resultado del proceso de fiscalización efectuado a ambas empresas por aportes devengados a la seguridad social de largo plazo, misma que fue comunicada a la parte accionante, quien fue parte de todo el proceso; toda vez que, presentaron documentos de descargo e incluso solicitaron un plan de pagos, proceso realizado en cumplimiento a normativa legal y bajo sus competencias, en ese entendido no podría considerarse que hubo coacción ni amenazas, fundamento con el que fue respondido el primer punto; respecto a la relación jurídica inexistente entre ambas empresas señalaron que la información fue remitida por la CNS en la que refirieron que el GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA y COMERCIO S.R.L. sería la continuación de RIDEPAR LTDA., hecho que fue confirmado con la permanencia de los trabajadores registrados en planillas de sueldos; asimismo, aclararon que el SENASIR no es quien asigna la codificación del número patronal y que el tema controversial de impersonería o prescripción, sería competencia de la jurisdicción ordinaria en materia de trabajo y seguridad social y que el mismo no podría ser resuelto por esa instancia porque se constituirían en juez y parte, fundamentos con los que fueron respondidos los demás puntos cuestionados, habida cuenta que, los reclamos giraron respecto a dilucidar o determinar si son o no una misma empresa o si la una es continuidad de la otra para establecer a quien corresponderían los adeudos generados dentro del proceso de fiscalización, situación que fue claramente aclarada y respondida cuando señalaron que la competencia del SENASIR es la de fiscalizar los aportes devengados del sistema de reparto y que esa labor no constituiría coacción o amenaza; puesto que, lo ejercieron dentro del marco de sus atribuciones; en cuanto a la impersoneria o prescripción, la resolución de estas no sería de su competencia siendo la instancia competente para ese efecto el Juez de Trabajo y Seguridad Social instancia idónea para determinar esa situación conforme al art. 73 num. 5) de la LOJ concordante con el art. 127 del CPT; consiguientemente, hubo una respuesta material respecto a los puntos reclamados; consecuentemente, no se vulneró el derecho a la petición de la parte activante de tutela; toda vez que, cumplieron con lo establecido en la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.