SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0050/2019-S2

La parte accionante ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de cumplimiento, añadiendo que: a) La Resolución Administrativa Municipal, cuyo cumplimiento se pide, estableció que los infractores no presentaron planos de construcción de obra y menos la autorización de construcción de viviendas, infringiendo por consiguiente la Ordenanza Municipal 2262/98 de 14 de diciembre de 1998; y en su parte resolutiva ordenó la demolición de las construcciones e impuso la multa de Bs3000.-(tres mil bolivianos) y se ordenó la remisión de dicha Resolución ante el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba a objeto de que instruya la cooperación para el cumplimiento de la misma, inclusive con el apoyo de la fuerza pública; y, b) Acudieron a la acción de cumplimiento, para que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, haga cumplir sus propias resoluciones.

Sobre esta acción tutelar, el Tribunal Constitucional, en su desarrollo jurisprudencial, fue definiendo las características peculiares que se asocian a la naturaleza jurídica y ámbito de protección de este instituto jurídico, estableciendo que: a) Tiene como objeto -conforme se verá- garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la ley; en tal sentido, protege los principios de legalidad, supremacía constitucional y seguridad jurídica; b) Tutela mandatos normativos de acción y abstención, consecuentemente, la ejecución de aquello que es deber del servidor público -norma imperativa de hacer-, como la inejecución de aquello que el servidor público por mandato normativo expreso no debe hacer[4]; c) El sentido de la Norma Suprema involucra todas aquellas disposiciones propias del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE; y, SCP 0902/2013 de 20 de junio-; d) El sentido de la ley, comprende no solo su dimensión formal -como originada en el Órgano Legislativo-, sino también material, sin importar la fuente de producción; es decir, aquellas que emanan no únicamente del Órgano que detenta la facultad legislativa en el nivel central, sino que involucra disposiciones con rango infraconstitucional y legal que contempla a los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena -art. 410.II.3 de la CPE y, SC 0258/2011-R de 16 de marzo-; e) No se rige por el principio de inmediatez, debido a que su tramitación trasciende al interés individual, ya que su finalidad es la de garantizar la supremacía constitucional, el principio de legalidad y la vigencia del Estado Constitucional de Derecho; por tanto, la oportunidad para interponer la acción, caduca cuando la disposición cuyo cumplimiento se invoca, pierda vigencia -derogue o abrogue- (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0902/2013 y 0849/2015-S2 de 25 de agosto)[5]; f) La acción de cumplimiento se rige por el principio de no supletoriedad, que implica que con carácter previo a acudir a la jurisdicción constitucional, se haya solicitado al servidor público renuente el cumplimiento de la obligación de abstención o realización, lo que no significa, que deba agotar mecanismos jurisdiccionales o administrativos (SC 1474/2011-R de 10 de octubre y SCP 0902/2013[6]); y, g) Tutela de manera indirecta derechos fundamentales y garantías constitucionales       (SC 0258/2011-R[7]).