SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0095/2019-S4

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga que: a) Se dejen sin efecto el Mandamiento de Lanzamiento de 23 de julio de 2018, y el proveído de 1 de agosto del mismo año; b) Se le proporcionen fotocopias de todos los antecedentes del proceso de desalojo, que concluyeron con el mandamiento de lanzamiento; c) Se determine la responsabilidad civil y/o penal de los demandados; y, d) El pago de daños y perjuicios, costas y costos procesales.

En audiencia refirió lo siguiente: a) El INRA desarrolla un trabajo social, precautelando la tierra, por lo que inició un proceso de desalojo, en el cual se emitió una Intimación que fue notificada de forma personal al accionante, el 10 de febrero de 2018, emplazándole al desalojo voluntario de los predios que ocupaba ilegalmente, en el plazo de cinco días; b) Dicha Intimación, debería ser el acto o hecho que hubiera vulnerado los derechos y garantías del accionante, por tanto es esa actuación, la que debió ser recurrida a través del amparo constitucional; c) El impetrante, esperó hasta la fecha, para presentar una solicitud de fotocopias, posteriormente activó la acción de amparo constitucional, pretendiendo la tutela de derechos sobre el área saneada; sin embargo, se debe aclarar, que el supuesto afectado, nunca se presentó, ni realizó algún tipo de reclamo o impugnación contra la Intimación de 10 de febrero del citado año; d) Se tiene conocimiento que el accionante, sin esperar el resultado de la presente demanda tutelar y teniendo en cuenta que existió un lanzamiento, ingresó y ocupó nuevamente al área, sin una resolución u orden que le restituya un derecho que supuestamente tiene, pero que no ha sido demostrado documentalmente; y, e) Se debe rechazar la acción de amparo constitucional, porque desde el 8 de febrero del mismo año, transcurrieron más de seis meses, desde que se produjo la supuesta comisión del acto lesivo.

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y legalidad, debido a la ejecución de los siguientes actos: a) Fue desalojado de los predios en lo que fue posesionado legalmente, mediante un mandamiento de lanzamiento emitido por el Director del INRA Santa Cruz; sin embargo, nunca fue notificado con la Resolución que dispuso la emisión de dicho mandamiento; y, b) Su solicitud de fotocopias simples del proceso de desalojo, fue rechazada por el codemandado, provocando que no pueda ejercer su derecho a la defensa.