SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0186/2019-S4

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público y de la víctima por la presunta comisión del delito de estelionato y hurto, ésta última interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto interlocutorio 647/2018 de 20 de septiembre, dictado por la Jueza de Instrucción Penal Quinta del departamento de Oruro, que dispuso la cesación a su detención preventiva en base al art. 239 “1” del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Descongestionamiento del Sistema Procesal Penal –Ley 586 de 30 de octubre de 2014–; en mérito de lo cual, Asencio Franz Mendoza Cárdenas, Beatriz Cortez Vásquez y Gregorio Orosco Itamari, Vocales –ahora demandados–, efectuando una interpretación incorrecta de la normativa penal, específicamente en cuanto al elemento trabajo, concluyeron que la documentación presentada en audiencia de cesación a la detención preventiva, era insuficiente porque no se demostró la funcionalidad de la empresa donde trabajó hasta antes de ser detenido y trabajaría una vez recuperare su libertad por haber sido recontratado.

Con dicha postura, no consideraron que la documentación que corroboró la funcionalidad de la empresa fue presentada y valorada en audiencia de aplicación de medidas cautelares, por lo que no podía exigírsele nuevamente que se presente la misma documentación para que sea revalorada en una audiencia de cesación, al resultar contrario al art. 239 “1” del CCP, lo que vulneró el principio del debido proceso y el derecho a la libertad.