SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0226/2019-S1

El principio de celeridad previsto en la Constitución Política del Estado, exige a todas las autoridades judiciales evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales y/o innecesarias, por cuanto las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica, aspecto que fue considerado -entre otras- por la SCP 0032/2016-S3 de 4 de enero, que sostuvo: “La potestad de impartir justicia se rige entre otros, por el principio de celeridad, establecido en el art. 178.I de la CPE, al señalar que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…’.

En concordancia con esta disposición, el art. 115.II de la Norma Suprema, determina que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en ese sentido la actuación de la jurisdicción ordinaria debe ser rápida, oportuna y eficaz, tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición pronta de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental como es la libertad; premisa que también se encuentra establecida en el art. 180.I de la CPE, que sustenta a la jurisdicción ordinaria en el principio procesal de celeridad entre otros.