SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0265/2019-S1

El accionante denuncia que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a “recurrir”, ya que le negaron el incidente de actividad procesal defectuosa formulado contra la falta de notificación con el Auto de Vista 15 de 21 de enero de 2015, sin una debida fundamentación y motivación.

De la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por Nabid Mohamad Shakhtour Hirmas -ahora impetrante de tutela- contra Sara Paulina Camacho por la presunta comisión del delito de giro de cheque en descubierto, cursa memorial de interposición de incidente de actividad procesal defectuosa, presentado el 30 de marzo de 2017, ante la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; al no haber sido resuelto según cursa en antecedentes, presentó memoriales de 29 de abril, 12 y 25 de mayo, todos del referido año, solicitando se anule obrados “HASTA QUE SEA CITADA EN FORMA LEGAL CON EL AUTO DE INCIDENTE DE FALTA DE ACCION” (sic), finalmente mediante “proveído” de 6 de julio de 2017, fue rechazado. Ante esa determinación por memorial presentado el 14 de febrero de 2018, planteó recurso de apelación incidental contra el “proveído” de 6 de julio de 2017, que fue resuelto mediante el proveído de 15 de febrero de 2018, declarando “…no ha lugar por no ajustarse a derecho” (sic), resolución que fue notificada al accionante el 23 de febrero de igual año, Por considerar la procedencia del referido medio de impugnación, el ahora peticionante de tutela planteó recurso de reposición contra el decreto de 15 de febrero del precitado año, siendo rechazado por proveído de 19 de marzo del mismo año, para finalmente plantear la presente acción de defensa.

En el caso concreto, a partir de lo solicitado por el accionante, que pide se anule el proveído de 19 de marzo de 2018; corresponde precisar cuál es el acto u omisión que presuntamente vulneró los derechos del prenombrado invocados en la presente acción. Así de todo lo manifestado en los hechos que motivan la acción de defensa y lo expresado en audiencia por el precitado se tiene que su pretensión está dirigida a que se tramite y resuelva su recurso de apelación incidental que mediante Resolución de 15 de febrero de 2018 la Jueza ahora codemandada declaró no ha lugar y que por memorial de 5 de marzo de ese año, planteó recurso de reposición siendo resuelto por decreto de 19 de marzo de igual año, indicando que el proceso se encontraría extinguido. De donde resulta que habiéndose resuelto el incidente de nulidad por decreto de 6 de julio de 2017, la misma autoridad señaló que el proceso se encuentra con resolución ejecutoriada por extinción de la acción penal, donde el ahora impetrante de tutela hizo uso de los medios de defensa e incluso planteó una acción de amparo constitucional, por lo que concluyó por declarar no ha lugar el incidente por ser manifiestamente improcedente; determinación que fue impugnada mediante recurso de apelación incidental el 14 de febrero de 2018. Si bien la mencionada autoridad resolvió el incidente mediante un decreto; empero, su contenido corresponde a un Auto Interlocutorio, dado que contiene una explicación de las razones que motivan el rechazo, por lo que habiendo sido recurrida de apelación incidental y ante la negativa de la autoridad demandada mediante decreto de 15 de igual mes y año, fecha a tramitar el mismo que le fue notificado el 23 de ese mes y año, es que corresponde efectuar el cómputo del plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional. En otros términos, los seis meses que prevé la norma constitucional y el Código Procesal Constitucional, para la interposición de la acción de amparo constitucional, este plazo debe computarse a partir de la notificación con el decreto de 15 de febrero del mismo año, debido a que a partir de entonces el peticionante de tutela debió plantear el presente medio de defensa y no dejar transcurrir bastante tiempo para la efectiva tutela de los derechos que considera vulnerados.

En ese entendido, habiéndose notificado al accionante el 23 de febrero de 2018 con el decreto de 15 de igual mes y año, dejó transcurrir más de seis meses para interponer la presente acción tutelar el 20 de septiembre del citado año,  inobservando así el principio de inmediatez que hace a la naturaleza jurídica de esta acción constitucional. Por lo que corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al examen de fondo del problema jurídico planteado.