SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0278/2019-S1

El Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de La Paz, por Resolución 645/2018 de 26 de octubre cursante de fs. 85 a 90 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) Respecto a que dentro el proceso de usucapión tramitado ante su similar Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de la ciudad de El Alto por Angélica Amarru de Carlos y Samuel Carlos Mamani contra Jacinto Quispe Mamani -ahora accionante- no hubiera sido notificado en su domicilio real; razón por la que, existiría fraude procesal, esto debió ser reclamado en la vía ordinaria en el proceso de usucapión, es así que no se habría agotado la subsidiariedad conforme prevé el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ii) En cuanto al derecho de acceso a la justicia, el impetrante de tutela tiene la vía civil abierta para reclamar su petición, sobre el inmueble materia de litis, habiendo solo acudido a la vía penal reclamando la falsedad material o ideológica y uso de instrumento falsificado, constatándose la existencia del proceso de usucapión ante el Juzgado referido, por lo que no habría ninguna falsedad menos uso de instrumento falsificado tramitándose de manera legal dicho proceso; y, iii) En cuanto a la garantía del debido proceso en su elemento fundamentación, conforme la jurisprudencia constitucional y la revisión de la Resoluciones observadas se evidencia una fundamentación congruente conforme al cuaderno de investigación aportada por el Ministerio Público en dos archivadores de palanca, constatando que no existiría la supuesta falsedad material aludida por la parte accionante, sino que en el cuaderno de autos cursa fotocopia legalizada del proceso de usucapión decenal o extraordinaria seguido por Samuel Sánchez Mendoza contra Sebastián Luna, mismo que se habría mutado posteriormente como Angélica Amarru de Carlos y Samuel Carlos Mamani contra Jacinto Quispe Mamani, considerando que la parte accionante debió reclamar en la vía civil ordinaria y no en la penal, conforme a procedimiento ya sea por nulidad como fraude procesal, que se percibe hubiera existido en dicho proceso civil. Por otra parte, ratificada por el Fiscal departamental la Resolución de Rechazo 1237/17 de 11 de octubre de 2017, el impetrante de tutela debió optar por la conversión de la acción penal pública a privada no habiéndose cumplido con dicho requisito; es así que, conforme al art. 54 del CPCo, la acción de amparo constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos o amenazados de serlo.