AUTO CONSTITUCIONAL 0137/2019-CA

Fundamentan que, el art. 202 de la CPE, determina las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre ellas, según el numeral 12 del mismo artículo que, conozca y resuelva los recursos de nulidad; al respecto, el art. 122 de la Norma Fundamental establece que: “Son nulos los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”, recurso que, al encontrarse dentro del Capítulo Primero del Título IV, se considera una garantía constitucional.

Añaden, que el recurso directo de nulidad: “…es una acción jurisdiccional de control de legalidad sobre los actos o resoluciones de las autoridades públicas, cuya finalidad es la de declarar expresamente la nulidad de los actos invasivos o usurpadores de las competencias delimitadas por la Constitución y las leyes; val decir, que es un medio jurisdiccional reparador” (SC 0043/2007 de 20 de agosto).

Invocando jurisprudencia constitucional, agregan que la SC 0037/2007 de 2 de agosto, estableció que el recurso directo de nulidad procede en dos supuestos jurídicos: “… 1) La usurpación de funciones que no le competen a la autoridad pública recurrida, debiendo entenderse por tal el ejercicio de una función sin tener título o causa legítima; es decir, el ejercicio ilegitimo por parte de un funcionario o autoridad de una función que le está reconocida a otra autoridad o funcionario; y 2) El ejercicio de una jurisdicción o potestad no asignada por la Constitución Política del Estado o la Ley, debiendo entenderse por tal, el que un funcionario o autoridad asuma una jurisdicción o ejerza una competencia que no le fue asignada por el ordenamiento jurídico; es decir, ejerza una función inexistente; o en su caso estándole asignada la función o reconocida la competencia, ya expiró su periodo de funciones o está suspendido del ejercicio de sus funciones por algún motivo legal”.

Asevera que, a los efectos de una coherente argumentación jurídica es menester recalcar que el recurso directo de nulidad tiene como sustento jurídico, los arts. 122 de la CPE y 143 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que señala: “El recurso directo de nulidad tiene por objeto declarar la nulidad de los actos de órganos o autoridades públicas que usurpen funciones que no les competen, así como ejercer jurisdicción o potestad que no emane de la Ley” y del art. 144 del mismo Código, que define como acto a: “…toda declaración, disposición o decisión, con alcance general o particular de autoridad u órgano público, emitida en violación de la CPE o las leyes”.

Finalmente, el art. 4 de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales que, el Alcalde Municipal para proceder a cualquier acto jurídico, debe pedir la aprobación y autorización al Concejo Municipal y éste a través de una Resolución, Ordenanza o Ley Municipal aprobar lo que se solicitó; agregan que, el art. 16 de la referida ley, con relación a las atribuciones del Concejo Municipal en sus numerales 21 y 22 disponen: “Autorizar mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de sus miembros, la enajenación de bienes de dominio público y de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con lo dispuesto en el Numeral 13 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado y Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la Ley del nivel central del Estado”.