SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0328/2019-S4

Ahora bien, corresponde señalar que, en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento III.1, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció que las resoluciones que impongan medidas cautelares personales, deben ser notificadas de manera personal mediante la entrega de una copia del fallo al interesado y una advertencia por escrito acerca de los recursos posibles así como el plazo para interponerlos, dejando constancia de su recepción, salvo que el imputado renuncie a dicha formalidad, en cuyo caso será suficiente su manifestación de voluntad de darse por notificado en el mismo actuado; consecuentemente, el término de setenta y dos horas establecido en el art. 251 del CPP, para formular apelación de las resoluciones que dispongan las medidas cautelares, se computa desde la notificación con la entrega de una copia escrita de la resolución.

Bajo ese marco, de la revisión de antecedentes, no cursa constancia alguna de la notificación personal a través de la entrega de una copia del Auto Interlocutorio 03/2019, a Ever López Quispe –ahora impetrante de tutela–, correspondiente a la aplicación de medidas cautelares; y no obstante a lo señalado por las autoridades demandadas en su informe, se tiene que de conformidad con lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional y en aplicación del art. 163.3 del CPP, la realización de comunicación en audiencia a través de la lectura del Auto, resulta insuficiente por cuanto, para un adecuado ejercicio del derecho a la defensa es necesario cumplir con las formalidades correspondientes extendiendo una copia al interesado a fin de que este active los mecanismos impugnaticios que corresponda.

En ese entendido, las autoridades demandadas, al no cumplir con lo establecido en el citado art. 163.3 de la referido código adjetivo penal, tomando en cuenta la inexistencia de la diligencia de notificación personal al imputado como se dijo en la Resolución de medidas cautelares, este Tribunal concluye que con dicho actuar las mencionadas autoridades situaron al hoy solicitante de tutela en un estado de indefensión, limitando su derecho a impugnar dicha resolución.