SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0462/2019-S1

En ese mismo sentido, la SC 0943/2011-R de 22 de junio indicó: «…es necesario precisar que esta acción de defensa, no puede ser desnaturalizada en su propósito, evitando que se convierta en un medio paralelo con la jurisdicción ordinaria; criterio que fue asimilado por la jurisprudencia emitida por este Tribunal cuando citando a los arts. 54.1 y 279 del CPP, advirtió que el Juez de Instrucción en lo Penal dentro de la etapa investigativa, es la autoridad encargada del control jurisdiccional de la investigación, así como de los actos del Ministerio Público y los funcionarios policiales, determinando que toda persona que considere la existencia de una acción u omisión que lesione su derecho a la libertad dentro de dicha etapa, debe inexcusablemente con carácter previo a acudir a este medio de defensa efectuar sus reclamos ante el Juez cautelar para que dentro de un plazo razonable éste se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de su arresto o aprehensión, ordenando lo que en derecho corresponda, y en caso de persistir la supuesta lesión, recién activar la presente acción de libertad como medio de defensa»’.

En efecto la autoridad jurisdiccional en materia penal, que en este caso es el Juez de Instrucción Penal, se constituye en el encargado del control jurisdiccional desde la fase preliminar hasta la conclusión de la etapa preparatoria del proceso, es decir, que tiene bajo su control todos los actos investigativos realizados por la Policía Nacional a cargo del Ministerio Público, de acuerdo a lo establecido por el art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a cuyo mérito, aquella es la instancia judicial ante la cual las partes deben efectuar la denuncia de cualquier acto vulneratorio; empero, en el caso de advertirse una dilación indebida por la autoridad competente en la respuesta a la denuncia efectuada, corresponde activar la acción de libertad” (las negrillas son nuestras).