SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0275/2019-S3
Fecha: 08-Jul-2019
III.3. Análisis del caso concreto
De la compulsa de los antecedentes venidos en revisión, se tiene que Yaneth Flores Ribera, presentó demanda de comprobación judicial de matrimonio o unión libre y división de comunidad ganancial contra Marco Antonio Román Bravo -ahora accionante-, resuelta mediante Sentencia 241/17 de 16 de noviembre de 2017, declarando probada la demanda referida, estableciendo una duración de la unión libre o de hecho de ocho años (2004 a 2012); disponiendo a su vez que en ejecución de sentencia se proceda a la división y partición de bienes que se acrediten en el lapso de tiempo referido, planteando la tercera interesada recurso de apelación el 28 de noviembre de 2017 contra la referida Sentencia, en virtud a que no se hubiera considerado todas las pruebas presentadas, desconociendo los años restantes de la duración de la unión libre o de hecho (2013 a 2017), resuelta a su vez mediante Auto de Vista 178/18 de 6 de abril de 2018, por los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocando parcialmente la Sentencia 241/17 con relación a la fecha de inicio de la unión libre desde el 2004 hasta julio de 2017.
Correspondiendo ingresar a analizar los antecedentes relacionados a la pretensión del accionante; este cuestiona y pide se deje sin efecto la “Sentencia de 16 de noviembre” y el Auto de Vista 178/18, este último emitido por los Vocales demandados, al haberse omitido valorar prueba, alegando que se consideró como único medio probatorio la presunción, sin valorar otros medios de prueba. Ahora bien, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la valoración de la prueba es competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria y/o administrativa; teniendo en cuenta que la jurisdicción constitucional, vela por el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, no siendo su labor resolver conflictos jurídicos de las partes en contienda, los cuales de acuerdo a la propia Ley Fundamental, se encuentran asignados en su competencia a otros Órganos, no pudiendo invadir la competencia fijada por la Norma Suprema.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- 1)
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- “HAGO CONOCER A VUESTRA AUTORIDAD QUE MI AUTORIDAD DISPUSO ESTE POR TANTO CONFIRMANDO PARCIALMENTE
- I.2.3. Intervención de la tercera interesada
- denegó
- NO HA LUGAR A LA COMPLEMENTACIÓN Y ENMIENDA
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 15
- III.1. Los actos consentidos como causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional
- depende materialmente de la diligencia que los sujetos procesales impriman en causa propia
- ante posibles lesiones que pudieran emerger de actos u omisiones indebidas, tanto de servidores públicos como de particulares, se rige por el principio de instancia de parte, que hace manifiesta la voluntad del supuesto agraviado, de solicitar protección, restitución y en su caso reparación de los derechos y/o garantías constitucionales que considere vulnerados
- manifestación de voluntad del presunto agraviado, no solamente materializa el ejercicio del derecho a la defensa como elemento del debido proceso, sino que también permite el desarrollo del principio de seguridad jurídica al exigir que a través de una resolución judicial
- no existe causa para dar curso a la tutela cuando se advierte este supuesto en los hechos denunciados, de modo que resulta lógico jurídicamente razonar negándose la tutela, en sentido de que el acto aún se considere lesivo, si ha sido admitido y consentido por el interesado en un primer momento, aun cuando después lo denuncie y pretenda la protección, pues este Tribunal no puede estar a disposición de la indeterminación de ninguna persona, dado que ello sería provocar una incertidumbre en los actos jurídicos, que conforme al ordenamiento jurídico sustantivo como procesal tienen sus efectos inmediatos, los mismos que no pueden estar sujetos a los caprichos y ambivalencias de ninguna de las partes intervinientes,
- los actos consentidos en materia de amparo constitucional se efectivizan cuando el accionante, después de haber adquirido conocimiento respecto al acto o resolución que considera lesiva de sus derechos fundamentales, no efectuó reclamo alguno, promoviendo a su vez la tramitación del proceso que se le sigue o permitiendo que los actos supuestamente vulneratorios continúen en su ejecución; o cuando habiendo tenido conocimiento del acto perjudicial, lo hubiese admitido por manifestaciones de su voluntad, sean tácita o implícitamente
- en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final
- esta instancia extraordinaria no puede suplir la valoración probatoria que privativamente compete a los jueces y tribunales ordinarios, pues únicamente debe limitarse a establecer si existió o no lesión a derechos fundamentales, ya sea porque hubo apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir o porque la autoridad competente adoptó una conducta omisiva consistente en no recibir, producir o compulsar prueba inherente al proceso
- empero, cuando el accionante cumpla con la carga argumentativa de señalar con precisión qué pruebas fueron valoradas en apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas y afectaron el resultado del proceso
- ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales
- III.3. Análisis del caso concreto
- iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales
- III.3.1. Con relación a la Sentencia 241/17
- a)
- CONFIRMAR