SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0497/2019-S2

Respecto al derecho a la seguridad social, la SCP 0785/2016-S3 de 4 de julio y la SC 1825/2011-R de 7 de noviembre, entre otras, reiterando el entendimiento contenido en la SC 0062/2005-R de 19 de septiembre (fundadora) han establecido que: “En el mismo orden normativo constitucional, tiene su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, que han sido precedentemente expuestos, y se halla desarrollado también en la Sección II 'La salud y a la seguridad Social' del Capítulo Quinto sobre los 'Derechos Sociales y Económicos', Título Segundo 'Derechos Fundamentales y garantías', de la Primera Parte de la 'Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías' de la Constitución Política del estado, concretamente en el art. 45, cuyo parágrafo I, establece que: 'Todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social'; cuyos principios, alances, ámbito y limitaciones están descritos en los parágrafos II, III, V y VI de dicha norma constitucional. Al respecto este Tribunal también ya se ha pronunciado, así en la SC 0062/2005-R de 19 de septiembre, se señaló que el derecho a la seguridad social es: 'la potestad o capacidad de toda persona para acceder a los sistemas de protección y resguardo de su vida y salud física y mental; su seguridad económica, vivienda, descanso y la protección de su núcleo familiar; cobertura a contingencias inmediatas y mediatas; vale decir, las coberturas de salud preventiva y curativa, coberturas de riesgos profesionales y accidentes de trabajo; rentas de invalidez, de vejez, de derechohabientes, y las demás asignaciones familiares'.

A lo que se añade que al ser el derecho a la seguridad social, derivado del derecho a la vida y a la salud, se convierte en un instrumento estatal que materializa uno de los fines del Estado que es el acceso a la salud, protegiendo la vida del ser humano como derecho fundamental primigenio, logrando así el complemento al valor más preciado que es el 'vivir bien'.

Por tanto, la seguridad social debe desplegar su ámbito de protección de acuerdo a los principios universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su ejecución al Estado quien sostiene, dirige y administra, por tanto, también es responsable de su cumplimiento; no obstante, la sociedad en general no puede estar exenta de la realidad, sino debe tener una conducta activa, solidaria y responsable, puesto que el art. 45.II de la CPE, establece el control y participación social “(las negrillas son nuestras).

Derecho que al tratarse de grupos vulnerables de la población, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes, merece protección reforzada y atención prioritaria de parte de quienes administran los entes gestores de la seguridad social, los que además deben observar la aplicación de ese derecho sin ningún tipo de discriminación fundado en el origen de aquellos que pertenecen a ese grupo etario; pues conforme al nuevo orden constitucional y legal todos los hijos e hijas son iguales, sean estos concebidos dentro o fuera del matrimonio, ya que atrás quedó la obsoleta y discriminadora práctica de clasificar a los menores como “legítimos, naturales o ilegítimos”, clasificación que por cierto surtía efectos negativos en el desarrollo moral, espiritual, emocional y social de estos.